Columna de Sebastián Izquierdo: A quién le importa
A pesar de la alta demanda (que se puede y debiera prever), los colegios más solicitados tienen límites de expansión. Mientras el gobierno sugiere soluciones parches, el 78% de las comunas no puede abrir nuevos establecimientos subvencionados debido a restricciones legales (Horizontal, 2024). Es una situación irónica y contraproducente.
Mientras marzo se aleja, miles de niños se encuentran anotados en una interminable lista de espera, atrapados en la incertidumbre de un inicio escolar que para ellos no llegó, pues aún no tienen un establecimiento donde estudiar. El 2024 irrumpió en el ámbito educativo con un inicio caótico, donde las tensiones, las vulneraciones flagrantes y las falencias del Ministerio de Educación se apoderaron de la escena.
La educación estatal -los servicios locales (SLEP)- sigue inmersa en problemas crónicos sin solución. A pesar de las promesas ministeriales, las reformas necesarias -aunque insuficientes- siguen atascadas en el Congreso y aquellas mociones de mejoras no llegaron en marzo como se había anunciado. En el norte, al SLEP de Atacama, que ya traía un paro por 80 días, se le sumó a un comienzo caótico, con escuelas aún en un lento proceso de reparación y docentes en huelga de hambre. En Antofagasta, 40 mil niños han sido privados de su derecho a la educación desde el 11 de marzo. Más al norte, en Arica, escolares de quinto básico se encontraron con un controvertido cuestionario sexual, desatando la indignación y una investigación policial por no solo vulnerar el derecho a la educación, sino también por constituir materia penal.
La inmigración desenfrenada en ciudades como Alto Hospicio, Copiapó y Pozo Almonte exacerbó la escasez de sillas en las aulas, privando a muchas familias de acceso a la educación para sus hijos. En la Región Metropolitana, en lugares como Lampa, miles de niños también se vieron impedidos de asistir a clases. Así fue como la crisis alcanzó el centro neurálgico del poder en el Palacio de Gobierno. Ante la insuficiente respuestas gubernamentales, apoderados desesperados amenazaron con encadenarse si no se resolvía la educación de sus hijos. Soluciones como exámenes libres y jornadas dobles estuvieron lejos de calmar las tensiones.
La digitalización de la etapa final del Sistema de Admisión Escolar (que distribuye centralizadamente a los alumnos de acuerdo a sus preferencias), bajo el lema “Anótate en tu lista”, agravó este problema a nivel nacional. En vez de simplificar para las familias y reducir el estrés, se implementó una cola digital gestionada por el Ministerio de Educación. Aunque evitar esperar afuera de las escuelas parecía conveniente, la espera en casa resultó larga y frustrante. El remedio resultó ser peor que la enfermedad. El problema principal radica en la escasez de cupos y la ausencia de proyectos educativos de calidad preferidos por las familias. A pesar de la alta demanda (que se puede y debiera prever), los colegios más solicitados tienen límites de expansión. Mientras el gobierno sugiere soluciones parches, el 78% de las comunas no puede abrir nuevos establecimientos subvencionados debido a restricciones legales (Horizontal, 2024). Es una situación irónica y contraproducente.
La educación es un derecho fundamental, y debemos asegurarnos de que se respete y proteja para todos. La pregunta que queda en el aire es: ¿A quién le importa realmente la educación de nuestros niños? La respuesta debe ser clara y contundente: a todos nosotros.
