Columna de Simón Ramírez: El rol de los partidos y las AFP “en campaña”

Cuando hace unos días el Frente Amplio comunicó que haría un volanteo en todo el país para informar a la ciudadanía sobre el curso de la reforma de pensiones, se generó un verdadero escándalo entre cierta élite políticas. Se han dedicado muchos minutos de entrevistas, se ha gastado grandes cantidades de tinta y hasta editoriales de medios nacionales se han dedicado a este asunto de lo más curioso: vincularse con la ciudadanía e intervenir en el debate público con ideas. Pero, ¿no es precisamente lo que un partido político debe hacer?

Simultáneamente se ha hecho público que las AFP, solo hasta septiembre de este año, ya habían gastado más de 11 mil millones de pesos en publicidad para intervenir en el mismo debate público, influir en la opinión ciudadana y mejorar su posición en la reforma, defendiéndose a sí mismas y su negocio que entrega espectaculares ganancias (527 millones de dólares de utilidades al mismo mes) y muy malas pensiones. Esto sin embargo no ha generado escándalo alguno, a pesar de la caja negra existente respecto al origen de los recursos gastados y también del historial de influencia directa (minuteo) sobre algunos honorables.

En definitiva, se trata de un debate político en el que los actores privados ocupan el espacio público a sus anchas (o las anchas que sus bolsillos le permiten), defienden allí sus intereses particulares y que desplaza los partidos políticos y sus opiniones al ámbito de lo privado. En tiempos donde se habla de reformas al sistema político y donde, además, hemos sido testigos en el último tiempo de una influencia inusitada del poder del dinero en la política y en la institucionalidad pública en general, a esta cuestión deberíamos ponerle la máxima atención.

Esta privatización de la política no es sino la versión paroxística de una tendencia que lleva décadas en el país y que ha buscado cuadrar el círculo o hacer realidad un verdadero oxímoron: transformar la política (el debate sobre lo público y lo común) en un asunto entre privados. Desde hace años ya las ciencias sociales han identificado esto, por el tránsito a la tecnocratización, la desmovilización social y la distancia que el sistema político fue tomando de la ciudadanía. Todo esto hizo de la política una cuestión muchas veces ininteligible, lo que generó una creciente desafección que, reforzada por diversos casos de corrupción, profundizó el descrédito y la desconfianza hacia el sistema político completo. Hoy la credibilidad sobre toda la institucionalidad política y los propios partidos está en el suelo. Esto es un problema de fondo.

Lo que hemos visto en el debate de pensiones profundiza lo anterior en un sentido que es derechamente peligroso para la democracia: si las empresas operan como partidos políticos y los partidos políticos son despachados a la esfera privada, la idea ya arraigada de que la política muchas veces pareciera trabajar para intereses particulares de grupos de poder y no para resolver demandas sociales, se hace realidad y con total desfachatez. Permitir que esto cristalice como algo “normal” y no sorprendernos por esta verdadera inversión de los roles, facilitada por los políticos que operan como verdaderas correas de transmisión de los intereses empresariales, y que pareciera que legislan con los grupos de whatsapp de los directorios abiertos, es pavimentar el camino a una oligarquización definitiva de nuestras democracias, que terminan operando de un modo que está en las antípodas de lo que se supone que deben hacer: canalizar la voluntad popular.

Esta cuestión que debiese ser obvia a veces la olvidamos: si la institucionalidad democrática tiene un sentido, y más en general, el Estado de derecho mismo tiene un sentido, es precisamente poner barreras a poderes fácticos que sin ellas sabemos que se comportan de manera verdaderamente salvaje. Son estas barreras las que permiten la canalización de los intereses y perspectivas de las mayorías sociales, del pueblo, que no tienen la posibilidad de influir en el debate público como los ricos sí lo hacen.

Esa articulación entre sociedad e institucionalidad política es precisamente el rol por excelencia de los partidos políticos, pero hoy el eje se encuentra tan desplazado que parece más escandaloso que los partidos busquen integrar a la sociedad en la discusión política con un volanteo, antes que limitar la influencia empresarial en la política.

Es fundamental, entonces, que pongamos el mundo de pie. La reivindicación de la política como el espacio donde definimos colectivamente, como sociedad, los aspectos fundamentales de la vida en común, es también una declaración contra la intervención de los mercados y los directorios empresariales es esos procesos decisionales. La influencia empresarial ha mostrado ser completamente desproporcionada respecto de las posibilidades que tiene el resto de la ciudadanía para incidir en los debates públicos. Reivindicar la política es también una defensa también de los partidos como agentes movilizadores de ideas y de representación de intereses sociales y, también, del rol protagónico de la sociedad, como ciudadanos, en estos debates y tomas de decisiones.

Chile arrastra un importante problema de representación y de legitimidad de un sistema político que parece impermeable a la voluntad popular y muy permeable a los intereses de unas élites económicas que han frenado sistemáticamente cualquier intento de cambio estructural. Cualquier reforma al sistema político debiese poner este problema en el centro y buscar corregirlo con urgencia. Las coyunturas políticas que atravesamos por estas semanas (pensiones, Fin al CAE) son una buena oportunidad para ir revirtiendo la desconexión del sistema político y antes que horrorizarse por un volanteo, contribuir a abrir las puertas de del debate político a la ciudadanía. Mantenerlas cerradas hoy es simplemente hacer un elogio al statu quo, pero también es seguir hiriendo a nuestra democracia y nuestra convivencia social. Chile requiere que las reformas que la ciudadanía demanda con urgencia puedan al fin materializarse y para ello el diálogo ciudadano y la participación de la sociedad es un camino habilitante y necesario.

Por Simón Ramírez, secretario ejecutivo del Frente Amplio.