Columna de Soledad Hormazábal y otros: Gasto en licencias médicas, ¿qué hacer?
Ya en la década de los 90 investigadores alertaban sobre un aumento preocupante del gasto en subsidios por incapacidad laboral (SIL) de trabajadores con licencia médica. Con el tiempo esta situación solo ha empeorado; en el año 2000 se gastaban 392 mil millones de pesos y en 2022 aumentó a 3,2 billones (crecimiento real de 716%) y, si en 2014 este desembolso correspondió a 0,6% del PIB, en 2022 llegó a 1,2%, duplicándose en menos de 10 años. Dado que este subsidio se financia con la cotización obligatoria de salud, en la medida que aumenta el uso de licencias médicas se incrementa el ausentismo laboral con el consecuente impacto en la productividad y gasto en SIL, y con ello quedan menos recursos para financiar la prevención y tratamientos en salud.
Una serie de hechos entrega luces sobre las falencias de este beneficio: el estado de salud de la población no ha empeorado a la par con el uso del SIL; el gasto y la intensidad de uso del SIL de los beneficiarios de Fonasa son consistentemente superiores que los de aquellos de Isapres, al igual que en el caso de los trabajadores del sector público en relación con los del sector privado. ¿Qué aspectos regulatorios los explican? En Fonasa no existe contraloría médica, sino que las licencias son autorizadas por un tercero (Compin) que no paga los subsidios asociados a estas. De igual manera, los trabajadores del sector público reciben el total de su sueldo sin tope y sin la carencia de los primeros tres días, a diferencia de sus pares del sector privado.
Otro hecho es que grupos relativamente pequeños de emisores y cotizantes explican parte importante del gasto. Si bien es cierto que la población con enfermedades graves y alto gasto alto es acotada, en el caso de los emisores esta concentración tiene menor asidero.
Todo lo anterior da cuenta de que el creciente gasto responde en alguna medida, a que la probabilidad de ser sancionado por abuso y uso fraudulento, así como las sanciones son bajas o nulas (especialmente para los “falsos” pacientes). Pero también se relaciona con factores estructurales del beneficio que fomentan su uso excesivo, desincentivando la reincorporación laboral. Por ejemplo, que el seguro cubra 100% del sueldo de manera indefinida, mientras que otros beneficios, como el seguro de invalidez y sobrevivencia o incluso el de cesantía consideran el 70% del salario. O que exista una carencia para licencias menores a 11 días, motivando licencias más largas.
Existe un proyecto de ley actualmente en discusión en el Congreso que busca abordar la fiscalización y sanciones, lo que es un positivo avance, pero insuficiente. Por consiguiente, es necesario afrontar la redefinición de aspectos estructurales de este beneficio que, es urgente sean incorporados en la reforma al sector salud que el gobierno tiene obligación legal de presentar al Congreso en este semestre. Los firmantes hemos recogido nueva evidencia y tomado la experiencia y conocimiento previos, para desarrollar propuestas que abordan estos problemas, las que han sido presentadas este mismo 2024. Es de esperar que estos factores y proposiciones sean incorporados.
Por Soledad Hormazábal, Horizontal, Manuel Inostroza, UNAB, Héctor Sánchez, UNAB, y Carolina Velasco, IPSUSS, USS
