Columna de Sylvia Eyzaguirre: Fin del CAE y comienzo del fin

El financiamiento de la educación superior tiene problemas. La excesiva morosidad del CAE lo ha vuelto oneroso para el Estado. La gratuidad ha afectado la situación económica de las instituciones de educación superior (IES), impactando en su calidad. El CAE es aún una pesada mochila para los beneficiarios morosos que no pudieron acogerse a las actuales condiciones más favorables.

El proyecto de ley que presentó el Presidente Boric sólo resuelve uno de estos tres problemas, a saber, el excesivo costo para el Estado. Efectivamente, este proyecto mejora sustantivamente la recaudación. Por una parte, crea incentivos para que los actuales deudores paguen y, por otra, vuelve mucho más eficiente la recaudación al descontarse por planilla un porcentaje del sueldo. Así, no es de extrañarse que este nuevo sistema sea más barato para el Estado. Pero el objetivo principal de un sistema de financiamiento no es cuánto le cuesta al Estado, que por supuesto es importante, sino que los estudiantes puedan acceder a la educación superior sin cargar una mochila excesiva de deudas. Y este propósito no lo cumple del todo.

El nuevo sistema se preocupa de ser benevolente con quienes tienen problemas para pagar el crédito, pero el Estado se convierte en usurero cuando se trata de quienes tienen una trayectoria económica exitosa, exigiéndoles pagar muchísimo más que el CAE originario, al cual tildaron de abusivo. Además, el proyecto es profundamente discriminatorio, perjudicando a los estudiantes de institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT). Los estudiantes de carreras que duran más de 10 semestres serán subsidiados por los estudiantes de carreras más cortas. Peor aún, los estudiantes de CFT o IP, cuyas carreras duran entre 4 y 8 semestres pagarán más años si se atrasan, mientras que los estudiantes universitarios, cuyas carreras duran en general 10 semestres, no lo harán. La guinda de la torta está en el tratamiento de los actuales beneficiarios con los nuevos. Si en el futuro usted es beneficiario del sistema y tiene un salario alto, deberá pagar hasta el 8% de sus ingresos por 20 años, pudiendo llegar a pagar 3 veces o más lo que el Estado le “prestó”. Pero si usted estudió con el CAE y tiene un ingreso alto que le permitió pagar su deuda, no sólo pagó únicamente lo que le prestaron, sino que además el Estado, es decir todos nosotros, le va a devolver dinero durante 20 años. ¿Por qué el Estado es tan generoso con algunos y tan chupa sangre con personas de igual trayectoria? Resulta descabellado pensar que frente a las emergencias sociales que tenemos vamos a regalar dinero a quienes no lo necesitan.

Pero más grave aún es el impacto que tendrá en la sostenibilidad y calidad de las IES. El proyecto contempla que el Estado pague a las instituciones el valor del arancel regulado, que es inferior al arancel que cobran las instituciones, y prohíbe a estas cobrar la diferencia a los beneficiarios (con excepción de quienes pertenecen al decil de más altos ingresos). Junto con fijar los precios, fija también las vacantes, para que las IES no puedan aumentar su matrícula. Para que se hagan una idea, los aranceles de referencia para los CFT e IP son en promedio 21% menores que los aranceles reales, para las universidades 31% y para las carreras de medicina cerca de 40%. La única manera que las IES pueden adecuarse a este brutal recorte de recursos es sacrificar calidad. ¿Quiénes sobrevivirán? Algunas pocas universidades que no se acojan al sistema, que atenderán a los estudiantes más ricos del país y que se destacarán por su calidad. Las universidades no selectivas docentes, que forman estudiantes a bajo costo, y las universidades estatales, que por su poder de coacción pueden negociar aportes basales. Las más perjudicadas serán las universidades de complejidad intermedia, que se verán forzadas a convertirse en universidades docentes. El sistema en su conjunto perderá calidad y aumentará la segregación.