Probablemente todos estamos de acuerdo en que hay un límite de lo aceptable en relación con los principios en la política. No somos tan ingenuos como para creer que la política no tiene una alta cuota de utilitarismo. Es evidente que el “negocio” de la política no es la bondad, sino mediar entre quienes piensan distinto, entre quienes tienen intereses contrapuestos, y de ahí la necesidad de transar, de llegar a acuerdos. Ello implica necesariamente renuncias, concesiones. Pero, ¿hay un límite o todo es transable, solo depende del precio? Me resisto a creer que todo se reduce a una cuestión de precio, aunque la realidad nos desafía permanentemente en la dirección contraria.
¿Cuánto vale el poder? ¿Cuánto estamos dispuestos a ceder con tal de aferrarnos al gobierno? La pregunta es relevante por los últimos acontecimientos en Venezuela. El Presidente Boric no ha titubeado en alzar la voz para denunciar el burdo fraude electoral en Venezuela. Su posición ha sido clara en favor de la democracia, la transparencia y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, una posición muy distinta ha tomado el Partido Comunista, que es parte de la colación de gobierno. El PC ha sido claro en defender el régimen dictatorial e incluso el vergonzoso fraude electoral de Maduro. ¿Qué hace un Presidente que dice defender la democracia y los derechos humanos con un aliado que defiende abiertamente las dictaduras de Venezuela y Cuba? ¿Cómo puede el Partido Socialista y el Partido Por la Democracia aceptar estar en una coalición de gobierno con quienes defienden hoy las violaciones a los derechos humanos? ¿Cómo pretenden que les creamos que de verdad les importan los derechos humanos, si son aliados con quienes defienden sus violaciones? No es creíble, no es aceptable.
En los hechos, ni la democracia ni los derechos humanos constituyen un límite infranqueable para el actual gobierno. Justificar la alianza con el PC a partir de la necesidad de contar con un apoyo más amplio para avanzar en reformas solo ratifica una concepción utilitarista de los derechos humanos; utilitarismo que fue el foco de crítica del Frente Amplio a la Concertación. Hay quienes han salido en la defensa del gobierno tratando de hacernos creer que se puede luchar contra el demonio y dormir con él al mismo tiempo; que a mayor amplitud de la coalición más grandes son las diferencias, que las divergencias traen costos pero no condicionan la posición del gobierno. Pero el punto no es el número de divergencias que puede administrar una coalición, sino la cualidad de dichas divergencias. Se pueden tener diferencias sobre el aborto, sobre formas de cómo abordar la pobreza, matices en el rol del Estado, pero ¿sobre la democracia? En el contexto actual de Chile, resulta imposible justificar una alianza con partidos antidemocráticos y declararse al mismo tiempo democráticos. No hay tal cosa. Si se está dispuesto a gobernar con quienes defienden dictaduras sangrientas y corruptas, entonces para ellos mismos la democracia y los derechos humanos son principios transables, sujetos a transacción. En rigor, para el gobierno las diferencias en materia de pensiones, en seguridad o en educación con la derecha son más importantes que las que tiene sobre la democracia y los derechos humanos con el PC.
No deja de sorprender que después de 35 años de terminada la dictadura en Chile los partidos de la ex Concertación, que lucharon por la restauración de la democracia en nuestro país, hoy transen este límite con tal de estar en el gobierno. Más sorprendente aún resulta ver cómo las nuevas generaciones resultaron ser más utilitaristas que las antiguas cuando se trata de la democracia y los derechos humanos. Pero lo que aún no logro ver es el beneficio de esta alianza con el PC como para transar los principios más fundamentales de la política.
Por Sylvia Eyzaguirre, investigadora CEP
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