Columna de Tamara Agnic: Ninguna explicación es explicación
"El “compliance” -lo digo una y otra vez- es hacer lo correcto, de la manera correcta y por las razones correctas; siempre. El daño reputacional para la Cámara, el Congreso, la política, es enorme y el problema es que suma un nuevo episodio que ahonda aún más la crisis de credibilidad y legitimidad de las instituciones democráticas del país."
Han pasado apenas unos días desde que supimos que un grupo de diputados y diputadas aparentemente hacía mal uso de su beneficio de combustible que se les entrega para cubrir los gastos en los que incurren para cumplir con sus funciones parlamentarias, específicamente para los traslados en sus respectivos distritos. Fue un reportaje periodístico el que reveló que esposas, hijos y conocidos de parlamentarios están usando desde hace tiempo las tarjetas que la Cámara de Diputados asigna exclusivamente a cada diputado para cargar bencina o diésel.
Desde el año 2018 que la Cámara modificó su sistema de asignación de recursos para combustible, pasando desde el mecanismo de rendición de facturas a uno en el que se le entrega una tarjeta con un monto mensual a cada parlamentario en la que se registra el RUT y la patente del vehículo que supuestamente hará uso del beneficio.
Hay dos cosas que llaman poderosamente la atención. La primera es que a varios días de conocido el hecho, aún estamos esperando que haya una investigación seria o una denuncia ante los organismos jurisdiccionales por estos hechos. Lo segundo es la incomprensible impavidez de la ciudadanía, la prensa y el ecosistema político y que parece que no generó más no escandalizó a nadie lo suficiente como para mantener apenas el tema dos días en los trending de Twitter, pero nada más.
En este ámbito de cosas, ninguna explicación es explicación. Así de categórico: cuando el Estado resuelve que por vía de un instrumento público se le asigna un monto mensual a un diputado o diputada para que realice su trabajo utilizando su vehículo, bajo ninguna excusa esa tarjeta puede ser usada por la hija, la esposa o amigo de quien ejerce la función pública. El mismo estándar que se le pide a un funcionario del Estado o a un empresario en materia de comportamiento ético en su oficina o incluso fuera de ella, con mayor razón debe demandarse de quien tiene como responsabilidad la elaboración de la ley en Chile.
El “compliance” -lo digo una y otra vez- es hacer lo correcto, de la manera correcta y por las razones correctas; siempre. El daño reputacional para la Cámara, el Congreso, la política, es enorme y el problema es que suma un nuevo episodio que ahonda aún más la crisis de credibilidad y legitimidad de las instituciones democráticas del país. Es muy difícil revertir lo causado -eso da para una nueva columna-, pero al menos hay que partir por admitir el acto y luego implementar sanciones y medidas para solicitar la reparación del daño causado para intentar reconstruir la imagen de la única actividad colectiva que nos permite ponernos de acuerdo para algo tan esencial como sobrevivir y prosperar: la política.
* La autora es presidenta de ETICOLABORA.
