Por Tomás Jordán, abogado
El gobierno ha afirmado que el ingreso de la reforma al sistema de salud será en octubre de este año. Hasta hace unos días, la reforma tenía como horizonte la aprobación de la nueva Constitución, de modo que el debate legislativo giraría en los próximos años en torno a la configuración del Sistema Nacional de Salud. Las dudas que se generaban se vinculaban a cómo este modelo de salud podría combinarse con la provisión mixta a nivel de prestadores y el rol de los aseguradores privados.
El triunfo del Rechazo situó la discusión de salud en los términos constitucionales ya conocidos. En breve, si una reforma de salud más «progresista» pasará o no el test de constitucionalidad. Esto plantea una serie de dilemas que deberá resolver el legislador y, eventualmente, el Tribunal Constitucional. Las disyuntivas se extienden a la posibilidad de avanzar hacia un sistema de carácter universal, con una mayor presencia del Estado, en un sistema constitucional donde la protección de la salud se sostiene en la configuración de un sistema público y privado, en la libertad de elección de los prestadores y de aseguradores y en un rol subsidiario del Estado en el acceso a la salud.
Así, hay varias cuestiones que se deben tener en cuenta y que determinarán el futuro de la reforma. Lo primero es si se considerará el derecho a la protección de la salud como parte del sistema de seguridad social. El Tribunal Constitucional en el año 2010 declaró contraria a la Constitución la tabla de factores, afirmando que la salud forma parte del sistema de seguridad social, caracterizado por los principios de universalidad y solidaridad. Hasta esa fecha, el derecho a la protección de la salud y la seguridad social se situaban constitucionalmente como derechos separados e incluso con quórum de aprobación diferenciados. Luego del fallo el Congreso entendió ambos derechos como parte de la seguridad social, para luego volver a una tesis diferenciadora poco clara.
En esta línea se sitúa como asunto constitucional central el futuro de las Isapres, que hoy se instituyen como parte del sistema privado y como seguros de primer grado. La voluntad de las autoridades es diseñar un modelo donde operen como seguros complementarios y de segundo grado. Un sistema con un plan y aseguramiento universal. El alcance de la comprensión de la idea de sistema de seguridad social y salud es clave en lo que viene.
Un asunto mayor a resolver es si los privados requieren cooperar con el sistema de salud. En concreto, si la creación de un fondo solidario para el financiamiento es o no contrario al texto vigente. Hay que recordar que la discusión legislativa de 2005, bajo el gobierno del expresidente Lagos, se trabó políticamente al considerar este tipo de fondos solidarios inconstitucionales. Acá está en núcleo del debate que viene y que se expresa en tres caminos: si la solidaridad será parte del modelo de Constitución, si se mantendrá la mera individualidad actual o si tendremos que esperar una nueva Constitución.
