En 2017, Chile estaba en el puesto 26 con 67 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. En 2022, seguíamos igual 67 puntos y número 27 de 180 países. Y si bien estamos a pocos días de los resultados 2023, donde no sabemos si retrocederemos o nos mantendremos igual, lo que es claro es que no hay ningún indicio de que vayamos a mejorar.
Creo que por lo mismo es hora de admitir que existe un vínculo profundo y directo entre corrupción, crimen organizado y paz social, dado principalmente cuando existe debilidad de las instituciones para poner freno a la vulneración del Estado de Derecho. Es que la corrupción debilita la democracia, permite la pérdida de cuantiosos recursos que debieran ser utilizados para el desarrollo humano, el avance tecnológico, mejorar la productividad e invertir en seguridad ciudadana. Permite que no haya control férreo al crimen organizado y de ahí, el asesinato de policías, ciudadanos, la extorsión, el secuestro, el tráfico de personas, de armas, de drogas y la proliferación de numerosos delitos violentos, están a un paso.
Chile lleva seis años estancado en la lucha contra la corrupción, esencialmente por no haber adoptado en su minuto de manera frontal y decidida algunas reformas que permitieran poner fin a lo que Transparencia Internacional ha definido como la “sensación de impunidad” que suele acompañar a la corrupción, en especial la del crimen de cuello y corbata.
TI ha propuesto medidas como el registro público de beneficiarios finales de sociedades, legislar para proteger a los denunciantes e incentivar la denuncia de la corrupción, obligar a la transparencia y rendición de cuentas ante suspensiones condicionales y procedimientos abreviados, o impulsar campañas de sensibilización y capacitación sobre el delito de soborno de funcionarios públicos. Otras recomendaciones apuntan a garantizar acceso a información oportuna y significativa sobre el gasto público y limitar la influencia del sector privado en las decisiones de política pública mediante la regulación del lobby.
Estos dos criterios no se cumplieron en las citas que ministros tuvieron en la casa del exalcalde y hoy lobista Pablo Zalaquett. En casi una década, hemos visto a empresas coludirse para fijar precios, a ejecutivos utilizar información privilegiada para enriquecerse, políticos dejarse pautear para aprobar leyes y -recientemente- a representantes de fundaciones generar mecanismos para transferirse recursos sin cumplir requisitos de idoneidad.
La corrupción no es inocua, no es un tema menor y, por lo tanto, no debe ser mirada como algo distante que pasa a uno o dos países del nuestro. Estos fenómenos pueden sorprendernos como a la rana en el caldero, por lo que es necesario actuar ahora para impedir que la triada corrupción-crimen organizado-violencia termine dominando el panorama político y social como lo ha hecho con otras sociedades no muy lejos de nuestras fronteras.
Por Tamara Agnic, presidenta de Chile Transparente
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