“Comidas” y Ley de Lobby

Desde que Ciper dio a conocer que los ministros de Economía y Medio Ambiente concurrieron al departamento del lobista Pablo Zalaquett, para participar de una reunión en la que tomaron parte representantes del sector salmonero, se ha revelado que otros cuatro ministros también concurrieron a reuniones similares -los ministros de Relaciones Exteriores, Agricultura, y las ministras del Interior y Trabajo-, además de varios parlamentarios, algunos de los cuales hoy son presidentes de partido.

Pese a la polémica que han generado estas “comidas”, el gobierno y la mayor parte de los parlamentarios han desestimado cualquier conflicto de interés o algún tipo de vulneración a la Ley del Lobby. La justificación para ello es que dichos encuentros no corresponden al tipo de materias que regula esta norma y que exige hacer públicos, pues la obligación recaería cuando se busca extraer algún tipo de decisión de las autoridades, lo que, aseguran, no fue el caso, sino que fueron reuniones informales meramente expositivas. Zalaquett, por su parte, ha desestimado que haya habido pagos de por medio, y caratuló estos encuentros como instancias de diálogo.

Justamente fue esa la postura que adoptó el propio Presidente de la República, quien ajeno a las implicancias de estas revelaciones desestimó cualquier infracción a la Ley del Lobby, y justificó estos encuentros en razón de que “hay que dialogar hasta que duela”. El ministro de Justicia fue incluso más allá, pues además de señalar que en todo esto hay un “aprendizaje”, argumentó que las leyes de Transparencia y del Lobby, “no regulan el lobby”, sino que “son esencialmente una agenda de transparencia, de viajes y regalos”, cayendo así en lo que parecen burdas maniobras distractivas.

Estos encuentros que han quedado al descubierto distan de ser anecdóticos, y es particularmente preocupante que el gobierno, así como los parlamentarios que concurrieron, minimicen las implicancias que todo esto conlleva, especialmente de cara a la ciudadanía, cada vez más sensible con los temas relativos a la transparencia y los estándares de probidad en el ámbito público.

Desde luego, la interpretación de que estos encuentros están exentos de la obligación de ser declarados en el marco de la Ley de Lobby por el solo hecho de que no hubo peticiones directas a la autoridad resulta del todo discutible, pues estas reuniones fueron organizadas por un gestor de intereses, y en varios de estos casos concurrieron representantes de industrias que tienen directa relación con proyectos de ley que dependen de los ministros invitados. Un mínimo acto de transparencia exigiría que los secretarios de Estado a lo menos den a conocer el listado de las personas con que se reunieron, para que la ciudadanía tenga la oportunidad de evaluar el carácter de dichas reuniones, pero hasta el momento inexplicablemente solo algunos ministros lo han transparentado, mientras que otros han dicho que no lo recuerdan. Tampoco se ha logrado dar una explicación satisfactoria de por qué estos encuentros no pudieron ocurrir en los propios ministerios, informando públicamente de ello.

Todos los esfuerzos por abrir instancias de diálogo son valorables, pero cuando se trata de las autoridades ello debe hacerse buscando la mayor transparencia posible. En este caso preocupa que ni el gobierno ni los parlamentarios adviertan el conflicto que se ha abierto, y que en vez de buscar elevar los estándares de transparencia, se dé la impresión de un abierto retroceso.