Comisión asesora para la desinformación

Una controvertida recepción ha tenido la publicación del decreto mediante el cual se crea la Comisión Asesora contra la Desinformación, instancia de carácter temporal, y cuyo objetivo será asesorar al Ministerio de Ciencias y al Ministerio Secretaría General de Gobierno en los aspectos que permitan analizar el fenómeno global de la desinformación y su manifestación a nivel local en Chile.

Entre los objetivos que tendrá la comisión se cuenta analizar el impacto de la desinformación en la calidad de la democracia; la alfabetización digital; desinformación en plataformas digitales y políticas públicas y desinformación. Será presidida por la ministra de Ciencias, y estará integrada por representantes de universidades y ONG, todos los cuales serán visados por el gobierno. En forma expresa se deja constancia que será un órgano consultivo.

La iniciativa, impulsada por la ministra Segegob Camila Vallejo, ha despertado todo tipo de suspicacias. En el plano político, parlamentarios de oposición han criticado duramente la propuesta, acusando que detrás de ella se esconde un intento deliberado de censura, instalación de verdades oficiales o control de los medios; algunos parlamentarios del propio oficialismo también han levantado sus reservas respecto del mecanismo elegido por el gobierno para enfrentar este tema. La Sociedad Interamericana de la Prensa, por su parte, mostró su preocupación ante esta iniciativa gubernamental, pues según alertó, una comisión oficial abre el riesgo de que se caiga en la tentación de instaurar mecanismos de censuras, recomendando para estos efectos otro tipo de caminos.

Es un hecho que la desinformación es hoy un tema que ha despertado inquietud a nivel global, particularmente por el amplio poder propagador que tienen hoy las plataformas digitales. La elaboración de contenidos falsos o manipulados es hoy en día una poderosa arma política; su difusión es la forma favorita en que regímenes autoritarios o populistas buscan infundir temor o instalar mensajes proselitistas para su propio beneficio, sumado a leyes de control sobre los medios. No es reprochable, por tanto, que se busquen iniciativas para articular el diálogo académico, jurídico y político para enfrentar este tipo de flagelos, pero siempre cuidando que ello no dé pie a controles estatales o se ponga en riesgo la libertad de expresión.

Desde luego, en la propuesta gubernamental es necesario precisar mejor cuál es el alcance de “desinformación”, algunos sectores confunden con facilidad el error con la desinformación deliberada, mientras que también hay voces que asimilan las opiniones controvertidas a “negacionismo” y desinformación, lo que al final es una forma de censura. La designación de personeros visados por el gobierno también aparece como una fórmula discutible.

Si el objetivo que persigue la autoridad es generar un nuevo marco regulatorio que permita normar mejor el rol de las plataformas globales, adaptar la legislación local a estos nuevos fenómenos, proteger el ecosistema de medios de comunicación -cuya presencia es el mejor antídoto contra la información falsa- y dejar expresamente establecido que en ningún caso se buscará el control de lo que informen los medios de comunicación, puede ser un paso interesante, pero la comisión del gobierno, al menos en los términos originalmente propuestos, ya no parece ser el vehículo idóneo para ello, atendidas las suspicacias que ha levantado, lo que requiere de importantes reformulaciones.