Compleja semana para el proceso constituyente

Esta semana comenzó una fase clave en el proceso constituyente, con la votación a nivel de comisiones de las enmiendas que los distintos consejeros introdujeron al anteproyecto que entregó la Comisión Experta. Las fuertes polémicas que cruzaron el debate y el tono de algunas de las enmiendas aprobadas solo con votos de la oposición -como por ejemplo declarar a la cueca o al rodeo como baile y deporte nacional respectivamente, algo que difícilmente encuentra paralelo en el constitucionalismo comparado- han dejado un sinsabor que despierta muchas dudas de cómo seguirá este proceso hacia adelante.

Es claro que la estrategia de republicanos -el bloque con el liderazgo mayoritario dentro del Consejo- en conjunto con Chile Vamos de haber presentado enmiendas de “unidad” sin haber buscado un consenso previo con los representantes del oficialismo, o la actitud de estos últimos rechazando o absteniéndose caprichosamente en algunas enmiendas que sí resultaban del todo pertinentes -fue el caso, por ejemplo, relativo al perfeccionamiento de normas referidas al Tribunal Calificador de Elecciones-, crean un clima poco propicio para el debate y desde luego transmiten una señal poco auspiciosa hacia la ciudadanía, porque pareciera que en ambos sectores todavía no se ha comprendido bien la importancia de cuidar el proceso.

Cabe no perder de vista que todos los sondeos de opinión coinciden en que la mayoría estaría por rechazar el nuevo proyecto constitucional. La última Cadem lo dejó muy claro, al revelar que el 56% de los encuestados votaría en contra, y solo un 24% a favor. Todavía no se trata de un escenario irremontable, pero está claro que episodios como los que se han visto esta semana previsiblemente profundizarán la desafección de los votantes.

Como se ha dicho ya en estas páginas, el objetivo que deben perseguir todas las fuerzas políticas representadas en el Consejo es generar un buen texto constitucional, que despierte amplio consenso entre los chilenos, y no un programa de gobierno, un catálogo extenso de derechos sociales o una colección de cuestiones identitarias que, además de resultar exógenas en una Carta Fundamental, solo terminan polarizando y ocasionando divisiones inconvenientes. Esta semana fue evidente que sectores republicanos -junto con otros de Chile Vamos- han hecho valer su mayoría para empezar a introducir normas que, aun bajo el rótulo de “unidad”, despiertan fuerte resistencia en otros sectores políticos, justamente por su carácter identitario. Si algo está claro es que el país no podrá aspirar a tener una buena Constitución si los líderes del proceso no están transmitiendo en la sintonía que el momento exige, es decir, apuntando a consagrar en el texto miradas ampliamente compartidas.

No cabe duda de que el Partido Republicano se encuentra ahora en medio de un dilema, pues sea que impulse la aprobación del texto, allanando para ello sus propias posturas -y asumiendo el costo de que incluso así el texto termine rechazándose-, o extreme sus puntos de vista para satisfacer a sus bases, con el riesgo de que ello estimule el rechazo, tendrá que estar dispuesto a pagar costos, los que incidirán de una u otra forma en las aspiraciones presidenciales de su líder, José Antonio Kast. En ese orden de cosas, sería orientador saber desde ya por cuál de estos planos pretende decantar republicanos. Es una buena señal en todo caso que el viernes el Partido Republicano haya decidido no insistir en algunas enmiendas controversiales -como la que intentaba volver al quorum de dos tercios para reformar la Constitución, o conmutar la pena a los mayores de 75 años por arresto domiciliario- como un gesto de buena voluntad, pero ello todavía no parece suficiente para asumir que hay un cambio profundo de actitud.

El oficialismo, por su parte, tampoco puede pretender ampararse en la tesis de que le están pasando “aplanadora” como justificación para abstenerse o rechazar la aprobación de normas que sean pertinentes, porque en la medida que no tenga buenas razones para ello también podría dar pie para pensar que lo que algunos buscan es complicar el proceso deliberadamente.

La obligación de quienes han decidido participar en este proceso es jugársela por un texto que venga bien consensuado y que técnicamente satisfaga los estándares del buen constitucionalismo. Aun cuando lograr ese objetivo no garantiza per se su aprobación, sería sin duda una muy buena carta de presentación ante la ciudadanía, una señal del deber cumplido.