Complejo balance delictual en 2022

No resulta auspicioso el balance que deja 2022 en materia delictiva. Aun cuando se observa una baja en ciertos delitos de mayor connotación social, en el caso de los homicidios el país lamentablemente anota registros especialmente preocupantes. De acuerdo con las cifras del Centro de Estudios y Análisis del Delito, el año pasado se registraron un total de 934 asesinatos, lo que da una tasa de 4,7 homicidios por cada 100 mil habitantes. Comparado con la realidad que se registraba hace una década, con una tasa de 2,8 cada 100 mil habitantes, esto supone un incremento de 67,8%. Los registros también indican que en 2022 se quebró un récord en cuanto a la tenencia ilegal de armas y explosivos. Si hace una década se registraron 537 casos por este ilícito, el número de causas registradas en 2022 llegó a 1.200.

Hay otras estadísticas que también resultan especialmente preocupantes, pues el año pasado también se pudo percibir un aumento en el delito de secuestros, de acuerdo con datos tanto de la PDI como de Carabineros. Si bien las cifras difieren entre ambas instituciones por razones metodológicas, coinciden en la tendencia, registrando un incremento que supera en 70% el número de casos respecto del año anterior. Aunque en materia de secuestros existen distintos tipos, una de las variedades que ha presentado un fuerte aumento es aquel de tipo extorsivo. En estos casos se percibe una estrecha asociación con actividades de narcotráfico, aunque se han podido observar algunas singularidades. Una de ellas es que ha aumentado el número de extranjeros involucrados en la perpetración de secuestros, generalmente como integrantes de bandas especializadas en este tipo de delitos. También se ha podido constatar que los casos ya no solo quedan generalmente acotados al mundo narco, sino que se han detectado algunos que afectan a pequeños comerciantes, sobre todo en la Región Metropolitana.

Se hace evidente que ya se están dejando ver las repercusiones inherentes a la expansión del crimen organizado, a estas alturas una de las mayores amenazas que enfrenta el país y la región como un todo. Este tipo de actividades no solo tiene un enorme poder corrosivo respecto de las instituciones, pudiendo llegar a erosionar los Estados -el caso de Haití en ese sentido debe resultar paradigmático-, sino que el accionar de estas bandas tarde o temprano se deja sentir también sobre la propia población. Los secuestros extorsivos, el pago por “protección”, los asesinatos en plena vía pública y otras formas por el estilo ilustran el enorme riesgo al que se ve expuesta toda la población a medida que se extiende el crimen organizado, una experiencia que se puede apreciar con crudeza en algunas zonas de América Latina.

El país poco a poco ha ido tomando conciencia acerca de esta amenaza, lo que se traduce en que ya avanza un proyecto de ley que introduce sanciones más estrictas y nuevos tipos penales, en tanto la agenda de seguridad que hace algunas semanas presentó el gobierno también incluye un capítulo especial sobre este flagelo. Pero en tanto se trata de una nueva forma de criminalidad, mucho más sofisticada y violenta, requiere contar con capacidades mucho más robustas no solo a nivel de las policías, sino también en cuanto a la persecución penal, lo que debe constituir una prioridad absoluta en el ámbito de las políticas públicas.