Condena a hechos de violencia

La antesala de la votación en la Cámara de Diputados de la reforma que autoriza el retiro de los fondos previsionales estuvo marcada por una jornada especialmente violenta en distintos puntos del país, en la cual se registraron saqueos, quemas de buses del transporte público, barricadas, ataques con armamento a retenes de Carabineros, además de otros daños a la propiedad pública y privada, entre los cuales figura la quema de una automotora en la capital. Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del miércoles, después de un “cacerolazo” que se convocó como forma de presionar en favor de la reforma que horas más tarde votarían los parlamentarios.

Estos graves incidentes han tenido lugar mientras el país se encuentra bajo estado de excepción constitucional y rige toque de queda a nivel nacional, lo que desde ya reviste más gravedad, pues sugiere que se podrían estar rearticulando grupos dispuestos a desafiar abiertamente el orden público, rememorando por un instante los peores días de octubre pasado. Implica además una total indolencia e insensibilidad respecto a la emergencia sanitaria, pues en la mayoría de los lugares donde hubo desmanes rige cuarentena total, como una forma de proteger la salud de la población. En la madrugada del jueves continuaron registrándose acciones de vandalismo, lo que anticipa que probablemente no se trata de una situación aislada, sino que podría continuar.

Es lamentable que las voces de condena ante estos hechos han sido hasta ahora débiles, cuando no condescendientes. Otra vez aparecen sectores dispuestos a justificar acciones de esta naturaleza bajo el pretexto de que se trata de una legítima demanda social y encuadrada dentro del derecho a manifestarse. Hay aquí una grave confusión de conceptos, pues la violencia de ninguna manera puede ser entendida ni avalada como parte del derecho a manifestación.

Un aspecto que debe ser examinado con especial atención es la proliferación de voces que amenazan o advierten de que podría sobrevenir un nuevo “estallido social” si es que no se aprueba el retiro de fondos de pensiones, y si no se avanza con mayor rapidez en cambios estructurales al modelo institucional que rige actualmente en el país. Es imprescindible calibrar adecuadamente lo que hay detrás de este tipo de afirmaciones, porque más allá de que efectivamente existen grupos dispuestos a ello, la labor de quienes tienen responsabilidades políticas no es limitarse a hacer presente estos riesgos, sino que deben honrar su compromiso con la democracia y el estado de derecho, actuando decididamente para condenar dichas amenazas y aislar a quienes pretenden poner en riesgo la estabilidad del país.

Es consustancial a una democracia que existan divergencias y modos distintos de entender las reformas que la sociedad requiere, pero todo ello debe ser discutido y zanjado en las instancias que se ha definido para ello, en particular el Congreso. Atentaría contra la esencia misma de un estado democrático que comience a prevalecer un ambiente de amedrentamiento y coacción, de manera que no sea posible ejercer con plena libertad el derecho a defender las posturas que legítimamente se expresen en la sociedad. Las amenazas de muerte que recibieron algunos parlamentarios de oposición que votaron a favor de la reforma son también hechos repudiables, que refuerzan la necesidad de actuar en contra de quienes pretenden valerse de la violencia para conseguir sus propios objetivos.