Condena de la violencia: La cortina de humo del gobierno

Hay acciones que no por ser necesarias son suficientes. Una de ellas es la necesaria condena a las acciones violentas de grupos minoritarios. A solo días del temido marzo, condenar la violencia se transformó en una prioridad y estrategia pública para ciertas élites. Si bien hay nerviosismo e incertidumbre, particularmente en nuestros adultos mayores, en los sectores más altos y en los que menos tienen, en general hay esperanza y deseos de que el año siga adelante con una agenda de mejoras en tranquilidad.

El gobierno decidió transformar la condena a la violencia en un clivaje político que separa al bien del mal como camino para aprobar su agenda de mano dura. A fines de febrero, el Presidente Piñera llamó nuevamente a un gran acuerdo, esta vez por la Democracia, contra la violencia y por la paz. No dudó en dibujar una “línea divisoria entre aquellos que creen en la democracia y que quieren vivir en paz y aquellos que practican la violencia y quieren destruir nuestra democracia". De octubre a la fecha, prácticamente todo el oficialismo ha insistido en que las condenas por parte de la oposición no han sido suficientes, y en base a eso, han apuntado con el dedo a quienes no condenaban de la forma en que ellos esperaban, culpándoles incluso de ser promotores de esta. A pesar de estar por el suelo en las encuestas, con astucia lograron arrinconar reiteradamente a la oposición en una jugada brillante.

Es así como parte de oposición inició un camino de auto flagelación. Desde inicios del estallido, una amplia diversidad de personalidades ha hecho circular cartas, ha articulado declaraciones y aprovechado desde entrevistas a las redes sociales para condenar la violencia. Incluso, algunos con aroma de arrogancia republicana actuaron como si tuvieran ascendencia sobre la conducción de lo que ocurre en la calle. La más reciente, fue una carta firmada por más de 200 figuras de la ex Concertación que fue rápidamente agradecida por el mismo Presidente, su ministro del Interior y el senador Andrés Allamand. Quedaba así la sensación que finalmente, tarde y tras 4 meses, la oposición hacía lo que debía hacer. Lograba una vez más el gobierno arrastrar a ciertos sectores hacia lo que la ciudadanía rechaza: acciones simbólicas por parte de élites que no logran concretarse en acciones concretas. Pero por sobre todo, Sebastián Piñera demostró desarrollar un eficiente mecanismo de traspaso de responsabilidades hacia un sector que poco y nada puede hacer en la práctica sobre el orden público y la violencia.

Como si fuera poco, el gobierno ha aprovechado la desorientación política de la oposición en el Congreso sumando su apoyo para empujar leyes e iniciativas que nada tienen que ver con la construcción de la tan anhelada paz social. En momentos, el chantaje legislativo del bien y el mal permitió la aprobación de leyes que se limitan a otorgarle nuevas facultades a las FF.AA., aumentos de pena e incluso nuevas tipificaciones para la criminalización de la protesta social. Por otro lado, las acciones concretas del gobierno han sido fundamentalmente represivas, mal planificadas, y sin conducción política, generando incluso mayor violencia. De la mano de estos errores, por momentos se ha abandonado completamente a Carabineros, entregándoles a ellos la ejecución total de la seguridad ciudadana y el conflicto, nuevamente transformándoles en fronteras de control social. Incluso, cuando han errado, tanto intendentes como ministros no han dudado en culparlos para lavarse las manos.

Lo que la oposición debe entender, es que, si realmente existe la voluntad de terminar con la violencia y en paralelo la oportunidad de empujar la necesaria agenda social y económica, debe exigirle al gobierno que haga su trabajo. Que éste gobierne la seguridad, mantenga el orden público y frene su obsesiva agenda de populismo penal y militarización de la seguridad que ha instalado en el Congreso. Si tanto preocupa el retorno de la paz social, ésta debe luchar porque la reforma a Carabineros sea de fondo y no un maquillaje o modernización. Esta debe partir por cambios inmediatos en procedimientos y protocolos para garantizar el orden público, el respeto a los DD.HH. y, con mayor urgencia, recuperar la confianza y legitimidad de una institución clave para la democracia. Urgen reformas que permitan terminar con una política de seguridad y castigo que aumenta la desigualdad y la violencia tal y como lo hacen una serie de otras políticas económicas y sociales. En paralelo, debe exigir, con la misma fuerza que desde La Moneda se exige que las élites condenen la violencia, que sea el mismo Presidente quien condene las violaciones a DD.HH. cometidas por militares, policías y civiles que incluso pretenden armarse por su cuenta. Sin ir más lejos, debe mostrar intolerancia absoluta cuando un jefe de zona de Carabineros relativiza los DD.HH. o miembros de La Armada amenazan con usar las armas para resguardar monumentos.

La oposición no puede seguir jugando en la cancha de un gobierno que, a pesar de ser el principal responsable de la seguridad y el mal manejo del orden público, logra transferir culpas, dictar sus propias reglas y más encima contagiar el descrédito. La oposición hoy requiere actuar con coraje y exigir responsabilidades a las autoridades, sin ambigüedades debe usar al Congreso para que se discutan leyes que tengan impacto real y no sigan solo siendo serviles a barrer la violencia y delincuencia a los territorios marginales, criminalizando progresivamente a los pobres. De cara al nuevo Chile, la oposición debe evitar que sigan intentando hacernos creer que frente a sus propias incapacidades, inoperancias y omisiones, los responsables son otros. Parte de la oposición no puede continuar cayendo en ese conveniente juego discursivo de las condenas a sabiendas que no sólo no cambiarán el diseño de las políticas de seguridad en el corto y largo plazo, los operativos, la práctica policial misma y menos la situación de la violencia, sino que la aumentarán. Continuar asumiendo responsabilidades sin tenerlas, es avalar un modelo que no solo ha fracasado en garantizar el orden y la paz social, sino que además sigue profundizando la desigualdad.