Congreso y prácticas inconstitucionales

La tramitación de la Ley de Presupuestos para el año 2023 ha estado cruzada por una serie de controversias, las que de algún modo podrían estar anticipando cuestiones más estructurales que meras escaramuzas políticas. En particular, resulta de especial preocupación comprobar que la práctica por parte de parlamentarios de insistir en presentar mociones o indicaciones inconstitucionales sigue presente, lo cual supone una grave amenaza hacia la institucionalidad.

Es así como los diputados aprobaron la admisibilidad de una serie de partidas presentadas por ellos, y que por irrogar gasto público su patrocinio es de exclusividad del Ejecutivo. Ese fue el caso de las propuestas para proveer de asesoría y defensa jurídica gratuita en juicios a víctimas de delitos violentos, agregar a Los Lagos entre las regiones donde se aplicará el programa de Violencia Rural, o destinar mayores recursos para arriendo de viviendas de personal de Carabineros.

La indicación de mayor resonancia fue aquella presentada por diputados de Renovación Nacional -a lo cual se plegaron otros parlamentarios de izquierda- para adelantar el alza a $250 mil de la Pensión Garantizada Universal, bajo el pretexto de que el próximo año será muy complejo en materia económica, por lo que es necesario suplementar mayores recursos a la población de tercera edad. Si bien su admisibilidad fue rechazada por la sala, ello se logró apenas por un voto de diferencia, lo que da cuenta de la predisposición que existe a este tipo de iniciativas.

Acertadamente el ministro de Hacienda hizo ver la improcedencia de las indicaciones aprobadas y formuló reserva de constitucionalidad si finalmente éstas terminan siendo refrendadas en el Senado. Si bien cabe esperar que en la Cámara Alta estas prácticas no se validen -en tal sentido, es esperanzador que algunos senadores de oposición hayan planteado que no votarán favorablemente aquellas cuestiones de carácter inconstitucional-, el solo hecho de que en la Cámara Baja existan sectores que insistan con el proceder inconstitucional, en lo cual subyacen claras motivaciones populistas, es una señal que pone una nota de alerta, porque quiere decir que las presiones por mayor gasto y el afán de oportunismo no han cesado, y podrían encontrar un terreno fértil para multiplicarse precisamente ahora que la economía se encamina hacia una recesión y un previsible aumento del desempleo.

En el gobierno anterior fue evidente el daño institucional que se produjo con la proliferación de prácticas inconstitucionales por parte de parlamentarios, especialmente tras el estallido social. Mediante este recurso hubo una clara intención de presionar al gobierno, el cual se vio forzado a ceder en las peticiones de mayor gasto -fue el caso, por ejemplo, del aumento de la pensión básica solidaria, o tener que allanarse a consentir retiros desde la AFP-, todo lo cual genera desorden fiscal y a la larga contribuye a la ingobernabilidad. Sería lamentable que después de dicha experiencia otra vez nos pudiéramos estar encaminando a repetir escenarios como aquellos, siendo desconcertante que en esta oportunidad dichas prácticas provengan sobre todo de sectores de oposición, a sabiendas del daño que ello genera.

Desconocer los cauces institucionales o buscar ganancias de corto plazo mediante el expediente del populismo son males corrosivos para la democracia, por lo que cabe esperar que este proceder sea definitivamente desterrado.