Consenso en torno al estado de emergencia

De acuerdo con lo que dio a entender la ministra del Interior, este jueves se haría el anuncio de que se decretaría estado de excepción de emergencia en Los Ríos, una medida que había sido resistida por el gobierno, pero a la que finalmente se habría allanado luego de la seguidilla de atentados que se han registrado en la zona. Gremios y parlamentarios de esta región venían solicitando esta medida de excepción desde hace un tiempo, pero la autoridad insistía que no estaban dadas las condiciones para una medida como esta.

Sería bienvenido que finalmente esta decisión se adoptara muy pronto para Los Ríos, la que se sumaría al estado de emergencia que ya rige en La Araucanía y en algunas provincias del Biobío, medida que también se buscaría prorrogar recurriendo nuevamente al Congreso, y no a través de la dictación de un nuevo decreto, como se evaluó en algún momento, para evitar posibles problemas de legalidad.

Más allá de la fórmula a la que recurra el Ejecutivo para dictar el estado de emergencia, hay en todo caso un hecho destacable: a estas alturas parece haber un amplio consenso político sobre la necesidad de seguir contando con esta herramienta constitucional, que inexplicablemente fue eliminada en la propuesta de nueva Constitución, por razones estrictamente ideológicas, que apuntan a restringir al máximo posible cualquier actuación de las Fuerzas Armadas en asuntos de orden doméstico.

Ciertamente que las propias fuerzas de Apruebo Dignidad habían mostrado fuerte reticencia al estado de emergencia, y de hecho una vez en el gobierno decidieron no invocarlo, a pesar de la abrumadora evidencia de que la violencia en la Macrozona Sur había alcanzado niveles altísimos, y sin tomar en consideración que la mayoría de los sectores en La Araucanía favorecía su mantención.

El propio Ministerio del Interior ha destacado ante el Congreso que el número de atentados ha presentado una disminución con la vigencia del estado de emergencia, y así ha sido entendido por los parlamentarios, que por amplia mayoría han concurrido a las sucesivas renovaciones. Muy decidor es que en los acuerdos que el oficialismo está llevando a cabo para introducir reformas al proyecto de nueva Constitución en caso de que triunfe el Apruebo, uno de los puntos donde parece haber mayor acuerdo es en volver a incorporar el estado de emergencia, que desde luego nunca debió ser eliminado, y donde cabe esperar que a partir de ahora esta y otras herramientas del Estado de Derecho se apliquen sin complejos.

Esto es sin duda un baño de realidad, pero requeriría también de otras reformas para que dicho estado pueda ser invocado sin chocar con el propio articulado que contiene la propuesta de nueva Carta Fundamental. Esto porque en el artículo 299 se les asigna a las Fuerzas Armadas tareas de defensa y resguardo de soberanía y de la integridad del territorio frente a amenazas externas, sin hacer mención explícita a tareas de orden interno, confirmando el sesgo que prevaleció en la discusión constitucional.