Continuidad de la evaluación docente

Basándose en los rezagos y dificultades que se han producido debido la pandemia, el gobierno presentó a comienzos de julio un proyecto de ley misceláneo, que tiene por objeto realizar una serie de ajustes a diversos elementos para favorecer el correcto funcionamiento del sistema escolar. Si bien es positivo tratar de hacerse cargo de los problemas que se han ido identificando, este aborda materias cuya conveniencia difícilmente podría evaluarse con los mismos criterios. Entre ellas, vale la pena destacar dos.

En primer lugar, la postergación en un año del traspaso del servicio educativo a los cuatro nuevos servicios de educación pública que entraron en funcionamiento este año, el que si bien es un proceso que trasciende a la pandemia, desde sus inicios en 2018 viene evidenciando sus complejidades. Considerando que la transición hacia el nuevo sistema de educación pública ha demostrado depender de más variables y verse afectada por más imponderables de lo que supuso la ley que lo creó, el mayor plazo que este proyecto otorga representa un requerimiento básico para poder avanzar de mejor manera. Esto, no obstante, es solo una solución de corto plazo, pero no resuelve a cabalidad las dificultades que se producirán una vez que se deba comenzar a implementar un mayor número de servicios por año, por lo que el riesgo de que la nueva educación pública herede las falencias del sistema de administración municipal es alto.

Segundo, en este proyecto de ley el gobierno propuso suspender la evaluación docente para 2022, con lo que se pretendía reducir la presión sobre los docentes y cumplir con una de las demandas del Colegio de Profesores. Esta medida, sin embargo, no parece justificarse, porque la pandemia no debiera suponer un retroceso en el quehacer de los profesores que vaya a incidir en la medición de su desempeño. La evaluación, además, no es una iniciativa aislada, sino que un componente más del sistema profesional docente bajo el cual estos ejercen. Junto con imponer un estándar básico, esta conlleva una asignación por desempeño del profesional y le permite también avanzar en su nivel de desarrollo, por lo que su suspensión impediría poder darle continuidad a dicho proceso, distorsionándolo. Si bien es indudable que los docentes se han visto exigidos por la contingencia, ello no puede ser una excusa para pasar por alto casos de docentes que sistemáticamente incumplen con los estándares mínimos, pues ello significaría un perjuicio para sus estudiantes.

La buena noticia es que la Cámara de Diputadas y Diputados votó dicho proyecto, aprobando lo primero y rechazando lo relativo a la evaluación docente. Si bien es cierto que esta evaluación posee aspectos que deben ser mejorados, mientras ello no se haga lo correcto es continuar con su aplicación y no dejar incompleto el sistema de desarrollo docente. Es por lo anterior que, en la antesala de su tramitación en el Senado, cabe esperar que este mantenga la decisión de los diputados.