Contraloría y fallas de Conaf

El reciente informe emitido por la Contraloría respecto de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) -en el marco de una auditoría al programa Manejo del Fuego, así como de un análisis a las acciones operativas realizadas por el organismo durante los incendios en la Región de Valparaíso el 2 de febrero de 2024, entre otras materias indagadas- dejó al descubierto graves fallas de la entidad durante el siniestro que afectó a Viña del Mar y otras localidades.

Así, la Contraloría detectó que en el contexto de dichos incendios hubo fallas e intermitencias en los sistemas de comunicación utilizados por la Conaf, de telefonía -fija y móvil-, de radiocomunicaciones VHF y satelital, afectando las comunicaciones y coordinación con los organismos que conforman el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred); asimismo, se verificó que la Corporación no efectuó pruebas para evaluar la efectividad de los indicados sistemas; tampoco consta la proyección del avance del incendio que informó haber realizado, antecedentes necesarios para comunicar al Senapred el estado de las amenazas, su nivel de peligrosidad, el alcance y la amplitud de las mismas, con la finalidad de que este último declarara, en el nivel correspondiente y sobre la base de los informes de los diversos organismos técnicos, la alerta a la población y a toda autoridad comunal, regional, provincial o nacional.

La Contraloría instruyó a la Conaf cumplir con una serie de requerimientos, los que según dicha entidad ya se encuentran subsanados. Ello, sin embargo, no obsta para preguntarse por la responsabilidad que le cupo a Conaf en el manejo de la emergencia -que dejó 137 fallecidos y extensos daños forestales y materiales- como al Senapred, donde a la luz de este informe -pero también de otros antecedentes al respecto- cabe suponer que hubo importantes fallas en el marco de esta catástrofe, una dimensión que no parece haber sido abordada con la intensidad que se habría esperado.

Cabe recordar que en el informe emanado de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados constituida para indagar las responsabilidades de distintos organismos públicos en el manejo del incendio de febrero pasado, ambos organismos fueron objeto de duros cuestionamientos. Respecto de la Conaf, se detalló por ejemplo que hubo graves errores en la preparación, planificación y operatividad del combate al incendio forestal, denunciando además que hubo errores graves e inexcusables, en tanto que respecto de Senapred se reprocha, entre otros aspectos, haber actuado el 2 de febrero en forma pasiva y que no tuvo un rol real en los procesos de evacuación.

Más allá de que quienes oficiaban como directores de la Conaf y Senapred a la época del incendio ya no ocupen estos cargos -el director de este último organismo fue removido por el propio gobierno, mientras que el director de la Conaf renunció tras una compleja gestión-, y de que el Ministerio Público ha reunido contundentes pruebas que acreditarían que el origen del incendio fue intencional -por este delito están formalizados un exbombero, un exintegrante de la Conaf y otro de Senapred-, resultaría importante saber si en todo este tiempo se han abordado los numerosos problemas de inoperancia que fueron detectados -algo fundamental cuando se trata de organismos clave en la respuesta ante incendios y catástrofes-, y de qué forma se harán efectivas las responsabilidades a medida que van surgiendo antecedentes como el que acaba de proporcionar el informe de la Contraloría en el caso de Conaf.