Control de las barras bravas: un desafío pendiente

La violencia en el fútbol ha vuelto estar en el centro de atención en las últimas semanas, ya sea dentro o fuera de los recintos deportivos. Primero fue el caso de la Supercopa entre Huachipato y Colo Colo, a comienzos de febrero, donde un grupo de seguidores de este último equipo fueron protagonistas de violentos disturbios en las graderías del recién remodelado Estadio Nacional. De hecho, era el primer partido que se llevaba a cabo en ese recinto desde los cambios realizados para albergar los Juegos Panamericanos en octubre del año pasado. A ello se sumó luego la violencia protagonizada por miembros de la Garra Blanca en Mendoza, con ocasión del partido de ida entre Colo Colo y Godoy Cruz, y que aún mantiene a una decena de seguidores del cacique detenidos en territorio argentino, uno de ellos acusado de violación en las cercanías del estadio.

Estos episodios están lejos, sin embargo, de ser excepcionales y responden a un largo patrón de violencia protagonizada por supuestos hinchas del fútbol. Un reportaje de este diario recordaba el domingo pasado el incidente protagonizado hace casi 24 años, en diciembre de 2000 en el Estado Monumental, cuando un líder de la Garra Blanca apuñaló a otro en medio de una disputa de poder. A ello se pueden agregar, por citar sólo algunos casos, los enfrentamientos protagonizados en 2015, en la última fecha del campeonato, entre seguidores de Colo Colo y Wanderers en Valparaíso, que llevó a suspender el partido, o los disturbios de febrero de 2012, en el encuentro entre la Universidad de Chile y Deportes Iquique que no sólo motivó la suspensión del cotejo, sino que coincidió con el inicio del plan Estadio Seguro, impulsado por el gobierno de Sebastián Piñera.

Pero a pesar de todo ello, la violencia en los estadios no sólo no ha podido ser contenida, sino que incluso se ha agravado. Medidas como la ley de violencia en los estadios, aprobada originalmente en 1994 y modificada a lo largo de los años o la prohibición de ingreso a recintos deportivos, que hoy mantiene a 5.464 personas con impedimento de asistir a un estadio, han sido incapaces de contener la violencia. Como tampoco parece ser el camino sancionar a los más de 12 mil seguidores albos que asistieron a la galería norte del Estadio Nacional para el partido entre Colo Colo y Huachipato en lugar de perseguir efectivamente a los cerca de 100 vándalos que protagonizaron los incidentes ese día, porque no sólo viola abiertamente las libertades individuales de quienes pacíficamente concurrieron al estadio, sino que terminan pagando inocentes por los verdaderos responsables. Más allá del necesario endurecimiento de las sanciones, lo que falta es una actitud más decidida de los clubes frente a sus barras y sanciones penales efectivas.

Las barras bravas de los principales clubes del país, especialmente Colo Colo y Universidad de Chile, han venido actuando, en muchos casos, bajo la mirada condescendiente de las directivas. A ello se suma que la ineficaz persecución penal de los responsables de los actos de violencia ha permitido ir creando un ambiente de impunidad que favorece el actuar de los vándalos. En ese sentido, la decisión de hacer efectivo un registro nacional de hinchas puede ser un paso positivo, pero sólo en la medida que vaya acompañado de una verdadera voluntad política de enfrentar el problema. En ese sentido, el caso de la barra brava de Colo Colo es sintomático. Como dio cuenta un reportaje de este diario, la denominada Garra Blanca es hoy una organización heterogénea, atomizada y con disputas internas, cuyos distintos grupos están claramente identificados.

Pese a lo anterior, el reconocimiento y detención de los responsables de la violencia parece lejos de concretarse y se sigue enfrentando el tema desde una perspectiva equivocada. En lugar de insistir en referirse a los responsables de la violencia como “hinchas” debería asumirse, tanto en el lenguaje como en el manejo de los propios clubes, que se trata de delincuentes que operan amparados por las estructuras de las barras. Incluso, como apuntaba el ex subsecretario del Interior Felipe Harboe en una reciente columna en este diario, se terminan justificando “los delitos en función de la pasión” deportiva. Cambiar esa lógica es clave para poder erradicar a los vándalos de los estadios. En ese sentido es importante proteger a quienes honestamente concurren a los recintos a ver un evento deportivo de quienes aprovechan la ocasión para cometer delitos.

Los distintos grupos que conforman las barras -y el caso de la Garra Blanca es claro- operan más allá de los eventos deportivos. Tienen presencia local en distintas regiones y son conocidos en sus entornos. Por ello, para enfrentar el tema además de un mayor control de parte de los propios clubes -como se ha insistido recurrentemente-, se requiere también mayor inteligencia policial que permita identificar y diferenciar a los delincuentes de quienes efectivamente asisten como hinchas al estadio. Para ello es clave conocer la experiencia internacional. En Reino Unido, por ejemplo, no sólo se aprobaron leyes severas contra la violencia en los estadios, sino que la policía hace un permanente seguimiento de estos grupos, conocen sus redes y eventuales vínculos con organizaciones criminales, lo que permite controlarlos. Una estrategia que vale la pena estudiar para combatir eficazmente ese flagelo.