Controvertido spot sobre reforma previsional

La decisión del Ministerio del Trabajo en orden a difundir las ventajas de la reforma previsional que presentó el gobierno a través de un aviso televisivo ha abierto un fuerte flanco de controversia con la oposición, que ve aquí un intento indisimulado de intervencionismo. De allí que parlamentarios de Chile Vamos presentaron un requerimiento ante la Contraloría, haciendo ver que se trata de un gasto no justificado por la ley y donde las posturas de la oposición quedan completamente minimizadas.

Según ha explicado la propia ministra del Trabajo, la campaña publicitaria -que contempla un presupuesto de más de $430 millones, y que considera varias entregas-, busca salir al paso de la ofensiva comunicacional que han desplegado sobre todo las AFP, que han sido contrarias a los contenidos de esta reforma. Hay aquí una primera cuestión sobre la que cabe llamar la atención, y es hasta dónde resulta justificado que con fondos públicos un gobierno intente contrarrestar campañas financiadas con recursos privados, considerando que todo gobierno dispone de suyo de un poder comunicacional enorme, con capacidad para incidir en la agenda pública de una forma que un privado difícilmente podría hacerlo.

El Ministerio ha hecho una evaluación jurídica respecto de esta campaña, concluyendo que se ajusta plenamente a la jurisprudencia que la Contraloría ha sentado en cuanto a la difusión de iniciativas que tienen el carácter de proyectos de ley. Al respecto, se recuerda que la ley 19.896 establece que cuando no existan todavía prestaciones concretas que corresponda otorgar, el Poder Ejecutivo solo podrá informar sobre el contenido de los programas y acciones que resuelva propiciar. En el caso de las iniciativas de ley, deberá señalar su sujeción a la aprobación legislativa correspondiente, lo que el aviso hace.

Será tarea de la Contraloría dirimir esta nueva controversia, pero resulta evidente que lo que está en juego aquí es ante todo precisar los límites que debe observar el gobierno para efectos de llevar a cabo sus campañas comunicacionales, donde resulta fundamental saber distinguir las fronteras que separan la información de la propaganda. Cuando se trata de lo primero, se parte de la base que el propósito es informar de la manera más objetivamente posible a la población sobre alguna política pública, normativa o cualquier otra materia que tenga implicancias para la población. Dichos principios también son válidos cuando se busca informar sobre proyectos de ley en trámite. Ello dudosamente ocurre en este caso, cuando el spot en cuestión lo que busca es enviar mensajes que persuadan a la población sobre las ventajas del proyecto del gobierno; en uno de los pasajes, de hecho, se dice que el seguro social que se va a crear para subir las pensiones “pinta bueno”.

Al proceder de esta forma, no solo se actúa de una forma que podría estar al límite del espíritu de la norma, sino que al tener detrás una motivación más política contamina fuertemente el debate parlamentario, polarizando aún más un ambiente ya suficientemente caldeado, y que aleja las posibilidades de un acuerdo. Este punto fue de hecho expresamente advertido por la propia Secom, que desaconsejó la idea de que el gobierno apareciera endureciendo el tono, lo que hace aún más llamativo que pese a ello el Ministerio haya seguido adelante con esta iniciativa.