Convención Constitucional y legitimidad democrática

Por Jorge Astudillo M., académico Facultad de Derecho U. Andrés Bello, sede Viña del Mar

El proceso constituyente, iniciado a partir de la celebración del “Acuerdo por la paz y la nueva Constitución”,  ha estado marcado por diversas instancias democráticas, ya sea a través de nuestros representantes (reforma constitucional que modifica la Constitución vigente para incorporar el itinerario y reglas del proceso constituyente), así como de participación ciudadana directa (plebiscito nacional, donde el país decidió que aprueba la opción de redactar una nueva Constitución y el órgano para redactarla será la Convención Constituyente, elección de convencionales y plebiscito de salida fijado para el 4 de septiembre de 2022), que sin duda dotan de una importante legitimidad democrática a la Convención Constitución.

Sin embargo, esta legitimidad democrática no transforma a la Convención Constitucional en un ente inmune a la crítica, tanto en la forma como en el fondo. Es parte del proceso democrático que la labor de las autoridades públicas sea objeto de miradas (incluso injustas o desinformadas) y éstas deben asumir que su trabajo se hace de cara al escrutinio ciudadano. En este contexto, la legitimidad democrática de la Convención es tan fundamental como el derecho que tiene cada ciudadano y ciudadana de Chile de manifestar su aprobación o rechazo a las normas de fondo que, contenidas en una propuesta de Constitución, aspiran a regir el destino jurídico-político de Chile. Debemos sentirnos orgullosos de este proceso democrático, paritario y participativo, pero sobre todo debemos entender que cada votante tiene el legítimo derecho a sentirse o no representando por una o más de las decisiones normativas adoptadas por la Convención Constitucional y votar en consecuencias a sus preferencias y convicciones.

Se ha planteado por parte de sectores políticos y académicos que no es conveniente criticar el trabajo de la Convención mientras el trabajo final no esté terminado, otros han planteado que es un deber moral aprobar el texto final, al margen de su contenido y otros critican a la prensa que informa sobre algunos excesos normativos o burdos intentos autocráticos, como la propuesta de disolver nuestras instituciones e instalar una asamblea de los pueblos en su lugar. Se reprocha duramente a quienes desde ya anuncian su rechazo, pero no a quienes desde ya anticipan su aprobación sin importar el contenido del texto final. Pues bien, en un caso y otro hay un legítimo ejercicio del derecho a la libertad de expresión, así como a la hora de votar lo que cada cual crea que es lo mejor para Chile. Se llama democracia.