Convocatoria a paro de profesores

Para la jornada de este miércoles está previsto la realización de un paro preventivo de 24 horas convocado por el directorio del Colegio de Profesores Metropolitano, mediante el cual se pretenden visibilizar demandas del gremio como el agobio laboral y la “deuda histórica” con el magisterio.

Dicha convocatoria ha estado revestida de cierta polémica, pues no todas las direcciones comunales han adherido al paro, entre otras razones porque estiman inconveniente que esta movilización se realice dos días antes de la asamblea nacional, en la cual también se tratarán estas y otras demandas -un petitorio de ocho puntos-, a las cuales se buscará darles una proyección nacional. Está previsto que en dicha asamblea se determinen cursos de acción en caso de que dichas peticiones no encuentren eco, donde entre otras opciones se baraja la posibilidad de un paro indefinido.

Sin perjuicio del derecho que le asiste a cada gremio a sostener sus demandas particulares, es evidente que la forma de presión que ha escogido el Colegio de Profesores, amenazando con una paralización de actividades, reviste un atentado directo al derecho a la educación de los alumnos, quienes nuevamente deberán pagar los costos y cargar con las consecuencias de un acto de esta naturaleza.

La paralización de clases ha sido ya una herramienta que dicho gremio ha utilizado en el pasado, con devastadoras consecuencias para la comunidad estudiantil. Ahí está, por ejemplo, la experiencia que se vivió en 2015, cuando se perdieron unos 50 días de clases en resistencia a reformas a la carrera docente. O el año 2019, donde la paralización de actividades también se prolongó por más de 50 días, a lo que cabe añadir la pérdida de clases producto del llamado estallido social. Enseguida vino la pandemia, que implicó que los colegios -sobre todo del sector público- estuvieran más de 250 días sin clases, constituyendo un lamentable récord a nivel OCDE. Este prolongado cierre producto de la crisis sanitaria ha generado daños incalculables en el sistema educacional, con pérdidas de aprendizaje y deserción de estudiantes, algo que hasta la fecha no ha logrado ser normalizado. Cabe no perder de vista que, de acuerdo con estándares internacionales, unos 20 días de ausencia escolar implica dejar a los estudiantes en riesgo formativo.

Es en este delicado contexto -con numerosos establecimientos llevando a cabo planes especiales para recuperar aprendizajes- donde el profesorado pretende nuevamente paralizar clases, con total inconciencia de las consecuencias que ello conllevaría para los alumnos. Es inaudito que quienes tienen a su cargo la enorme responsabilidad del cuidado y formación de los estudiantes, antepongan sus demandas gremiales al bienestar de la comunidad estudiantil, e irresponsablemente se esté transmitiendo la idea de que sacrificar clases no tiene mayor relevancia o bien que se pretenda solucionarlo con la recuperación de la jornada escolar en época de verano.

Resulta sorprendente que hasta aquí el Ministerio de Educación no haya levantado su voz para advertir sobre las consecuencias de estas medidas de fuerza y las sanciones a las que se podrían exponer los docentes que insistan en esta vía.