Corte Suprema e Isapres: Una “aclaración” que no despeja la crisis

“No hay nada que aclarar”. De esa forma la Tercera Sala de la Corte Suprema zanjó los cinco recursos de aclaración que fueron presentados para clarificar los alcances de sus sentencias relativas a tablas de factores de las Isapres y devolución de cobros en exceso. La Corte ha estimado que sus fallos fueron suficientemente claros, ratificando así que se trata de pronunciamientos de alcance general, abarcando a todos los afiliados, y no solo a quienes habían cuestionado las alzas de planes por la vía de recursos de protección.

Es sorprendente que la Corte haya estimado que no había “nada que aclarar”. Desde luego, el fallo ya tuvo que ser objeto de una aclaración en el mes de enero a petición de la Superintendencia de Salud -dejando de manifiesto las complejidades de su alcance-, y los recursos de aclaración recientemente presentados -ingresados por el regulador y algunas Isapres- no respondieron a un mero capricho, sino que fueron en respuesta a las declaraciones que la ministra de dicha sala, Ángela Vivanco, emitió en una entrevista que concedió a este medio, donde señaló que “los excedentes que las Isapres tienen que devolver son a las personas que demandaron”, agregando que quienes no lo hicieron no tienen nada que reclamar hacia atrás, sin perjuicio de tener derecho a que su plan se ajuste a la tabla única de factores.

Las enormes repercusiones que generaron estas declaraciones hacían inevitable una clarificación. Era evidente que el planteamiento de la ministra -quien a raíz de la polémica que se generó tuvo que dejar su rol como vocera de la Corte- implicaba una interpretación completamente distinta de la que se había dado hasta ahora. De modo que cuando se afirma que no había nada que aclarar, no solo es del todo inexacto, sino que se pretende pasar por alto -no sin un dejo de arrogancia- uno de los episodios más insólitos que se hayan visto al interior del Poder Judicial, sin ofrecer explicación alguna ante la ciudadanía por este desaguisado.

Es un hecho que este nuevo pronunciamiento deja sin piso la interpretación de la ministra Vivanco -quien no participó de estas deliberaciones por encontrarse con permiso administrativo-, pero cabe preguntarse por las razones que llevaron a esta magistrada a plantear un modo de interpretación más restrictivo, sobre todo cuando ella misma había ratificado meses antes, entonces en su calidad de vocera de la Corte, que dichas sentencias eran de aplicación general.

Se pudo haber especulado que era una forma de ir allanando el terreno para buscar una salida a la difícil situación en que ahora se encuentran las Isapres, pues el modo en que resolvió la Tercera Sala -obligando a las aseguradoras a devolver excedentes que podrían llegar a más de US$ 1.400 millones- tiene al sistema en un escenario de inminente colapso. Acotar los alcances del fallo a las partes en litigio no solo implicaba una reducción significativa de esta carga financiera, sino que también se habría ajustado plenamente a lo propio del ordenamiento jurídico, que expresamente impide extender una sentencia más allá de las partes en litigio, tal como hizo la Tercera Sala. Al ratificar la interpretación original, resta por despejar si la interpretación de la ministra Vivanco fue solo a título personal o si en algún momento los otros integrantes de la sala también la consideraron, pero luego la desecharon. Y si bien con esta decisión se despeja el sentido de la sentencia, a su vez sienta complejos precedentes en la forma como esta sala entiende su rol dentro del sistema judicial.

No deja de resultar llamativa la satisfacción que se observó dentro del oficialismo luego de conocido este pronunciamiento de la sala. Esto porque al ratificarse la interpretación más gravosa para el sistema, se vuelve en el fondo al punto en que nos encontrábamos hasta antes de los dichos de la ministra Vivanco, esto es, una crisis inminente a raíz del fallo y sin que el gobierno haya sido capaz hasta aquí de diseñar una fórmula en que la restitución de excedentes no implique el colapso del sistema de salud, contando con apenas seis meses para ello, conforme el plazo perentorio que impuso la Corte. El actual es sin duda un muy mal escenario para los afiliados a las Isapres y sobre todo para las miles de personas que tienen tratamientos vigentes, quienes de momento siguen sumidos en la incertidumbre total.