Crisis de Isapres: más confusión que certezas

A 40 días de que se cumpla el plazo de seis meses que fijó la Corte Suprema para implementar el fallo que obliga a las Isapres a ceñirse a una tabla única de factores y restituir a los afiliados los cobros que se pudieron haber generado en exceso, al interior del gobierno aún no logran consensuar una ley corta que permita hacer operativo dicho fallo. Las diferencias han surgido tanto respecto de los montos que las Isapres deberían devolver, como respecto del plazo en que ello debería concretarse. En el extremo, algunas estimaciones indican que las aseguradoras tendrían que restituir del orden de US$ 1.400 millones, pero aún no hay plena claridad del monto real que en definitiva deberán devolver. Las Isapres estiman que, si esa termina siendo la cifra, se hace completamente inviable: dicen que ello equivaldría a diez veces su patrimonio, lo que no es posible de generar, independientemente de los plazos que se establezcan.

Lo concreto es que la propuesta que venía trabajado el Ministerio de Salud fue rechazada de plano por el comité político, por considerar que los lineamientos propuestos serían un “traje a la medida” para las Isapres, vulnerando el espíritu del fallo. Si bien los detalles de la propuesta ministerial solo se han conocido a nivel muy general, según ha trascendido uno de los ejes proponía que la restitución alcanzaría a US$ 140 millones, lo que podría hacerse a través de excedentes en un plazo de 36 meses. Esta fórmula ya está descartada y la misma ministra declaró luego que no hay una negociación de cuál es el monto, pues este se encuentra definido por los mismos términos que establece el fallo. Las Isapres han interpretado a partir de estas declaraciones que el escenario en que se podría llegar a restituir US$ 1.400 millones cobra fuerza, tornado mucho más compleja su situación financiera, considerando que las pérdidas de los últimos dos años superan los $200 mil millones.

Los duros cruces que han existido entre la ministra de Salud y el superintendente -incluso el Ejecutivo determinó intervenir en las negociaciones que lleva a cabo el ministerio, otra señal de su disconformidad en cómo se ha llevado el proceso- dejan entrever los criterios muy dispares que existen al interior del gobierno para enfrentar la crisis por la que atraviesan las Isapres y dar con una fórmula que evite que la aplicación del fallo lleve a su colapso. A pesar de que la propia autoridad de salud ha señalado que el objetivo es evitar el colapso del sistema -incluso el superintendente dijo que habría que estar “loco” para querer algo así-, las señales que hasta aquí se han dado sugieren que sigue habiendo un “alma” dentro del gobierno que no le ha tomado el suficiente peso al escenario devastador que se podría producir de generarse la abrupta insolvencia del sistema; incluso algo así podría ser funcional para precipitar el término de dicho sistema y forzar su reemplazo por uno centralizado en torno al Estado, que es el objetivo que persiguen sectores de la coalición gobernante.

A pesar de que distintas voces han venido advirtiendo en estos meses sobre la urgencia de que la autoridad clarifique los criterios con que pretende aterrizar el fallo, teniendo a la vista preservar la solvencia del sistema, esto aún no sucede, y por la sucesión de hechos es claro que en la antesala de cumplirse el plazo establecido por el fallo todavía hay mucha más confusión que certezas, lo que resulta profundamente irresponsable. Una de las alternativas que se ha evaluado es solicitar a la Corte una ampliación del plazo, pero resulta evidente que si los criterios para enfrentar esta crisis siguen siendo tan disímiles, ello solo implicará prolongar la incertidumbre.

Distintas voces expertas han hecho ver que una migración forzada de los casi tres millones de beneficiarios que tiene el sistema de Isapres provocaría efectos sobre todo el sistema de salud -partiendo de la base que hoy Fonasa tiene 300 mil pacientes en lista de espera de una cirugía, y más de dos millones aguardan una consulta de especialidad-, además de un impacto financiero de proporciones considerando los pasivos que mantienen con clínicas y entidades bancarias. Un dilema así no puede tratarse con criterios ideológicos, sino que ante todo deben anteponerse las necesidades de salud de la población.