Crisis de Isapres radicada en Congreso y el Ejecutivo

El Pleno de la Corte Suprema se pronunció respecto de dos iniciativas legales que se han presentado con el fin de lograr la ejecución del fallo dictado por el máximo tribunal en relación con la tabla única de factores de las Isapres, pero que a la vez se evite una situación de colapso del sistema. Se trata de la “ley corta”, que presentó el Ejecutivo, y una reforma constitucional firmada por cinco senadores.

La Corte optó por no pronunciarse respecto de la reforma constitucional, puesto que ésta no contiene referencia a facultades jurisdiccionales; respecto de la iniciativa del gobierno, que sí contiene aspectos referidos a ello, el Pleno formuló observaciones. La vocera del máximo tribunal hizo presente que no le corresponde a la corte opinar respecto del contenido de los proyectos de ley, en virtud del principio de la separación de poderes, limitándose a comentar solo en aquello que le habilita el artículo 77 de la Constitución.

Era natural que existiera alta expectación por el tipo de pronunciamiento que haría la Corte, considerando que en su fallo -pronunciado por la Tercera Sala- claramente se había extralimitado al extender los alcances de cuatro recursos de protección a todas las Isapres y sus afiliados, no solo a las partes en litigio, y por tanto existía el temor de que el Pleno pudiera ir más allá y entrar a calificar la pertinencia de los proyectos de ley en curso, considerando que se refieren al modo de ejecutar su propia sentencia. Al haber actuado en este caso prudentemente y dentro del marco constitucional, se ha evitado seguir escalando las implicancias de este embrollo -una pugna entre poderes del Estado solo habría complicado aún más las cosas-, radicando la salida de esta crisis en el Congreso y el Ejecutivo.

Resulta evidente que a la luz de la sentencia, que obliga a las Isapres a tener que restituir a los afiliados del orden de US$1.400 millones y ajustar todos sus planes a una tabla única de factores, es inevitable que el sistema se encamine hacia un colapso, con devastadores efectos para todo el sistema de salud. Una situación como esta requiere de un cuidado diseño legal, porque no solo está en juego el cumplimiento de una sentencia, sino también evitar una crisis sistémica.

Ahora no hay tiempo que perder, y tanto el Congreso como el Ejecutivo no pueden volver a caer en el error que se vio a lo largo de una década, donde a pesar de existir un fallo del Tribunal Constitucional, ninguno de estos estamentos promovió con fuerza reformas legales que permitieran ajustar la legislación a una sola tabla de factores. Sin perjuicio de que el trabajo legislativo no puede quedar sujeto a los estrictos plazos que le ha fijado la Corte, debe ahora primar celeridad y eficacia, sin margen para la lentitud o permitir que las pulsiones ideológicas conspiren contra una solución razonable. Lamentablemente la insuficiente propuesta que presentó el Ejecutivo, que no se hace cargo de la crisis, ya malgastó seis meses de trabajo, lo que obliga a explorar otras propuestas y desplegar más negociaciones. El interés que se ha visto entre los parlamentarios para buscar una salida -ayer un grupo de diputados presentó una nueva propuesta-, permite esta vez augurar que hay más conciencia sobre la gravedad del problema.