Crisis de las Isapres: inquietante ausencia de definiciones

Luego de casi seis meses de reservado trabajo, el gobierno finalmente presentó ante el Congreso la “ley corta” de Isapres, mediante la cual introduce una serie de cambios para efectos de implementar la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema a fines del año pasado. Allí el máximo tribunal instruyó, entre otros aspectos, dejar sin efecto cualquier tabla de factores empleada por las Isapres y atenerse a la tabla única que la Superintendencia de Salud estableció a partir de abril de 2020, así como restituir a los afiliados cualquier excedente generado a partir de dicha fecha producto de la aplicación de tablas distintas. Tal como había anticipado el propio regulador hace algunos meses, la Superintendencia confirmó que los cobros en exceso alcanzarían del orden de US$ 1.400 millones, monto que las Isapres estiman impagable, lo que sumado a la crítica situación financiera que ya arrastran -con pérdidas desde hace más de dos años-, se hacía indispensable que la autoridad entregara un camino concreto para salir de esta crisis y evitar un colapso del sistema de salud.

Es decepcionante que a pesar del largo tiempo transcurrido, y de la urgencia de la situación, nada de lo anterior ocurriera, siendo inexplicable que después de todo este tiempo la propuesta se limite, entre otros aspectos, a entregar nuevas facultades a la Superintendencia para definir el modo de hacer efectiva la adecuación de los planes, fortalecer coberturas de Fonasa y entregar a las Isapres un plazo adicional de seis meses para que determinen el monto exacto que deberán restituir, propuesta que será evaluada por el regulador asesorado por un consejo de expertos externos ad hoc. Mientras las aseguradoras no restituyan dichos excedentes, no podrán retirar utilidades.

Varias voces expertas han hecho ver que esta iniciativa lo único que logra es comprar tiempo, pero no aleja un horizonte de posible colapso, que es el mayor riesgo de todos. El ministro de Hacienda, también el propio regulador, han reafirmado que la voluntad del gobierno es dar cumplimiento al fallo, sin que colapse la industria, pero a la luz de la propuesta presentada quedan serias dudas de ello. Más bien se transmite la impresión de que los sectores refractarios en el gobierno hacia el sistema Isapres, y que buscan su desaparición para ir hacia un modelo centralizado, lograron aquí la oportunidad de dar un paso más en esa dirección. Cabe no perder de vista que el Ministerio de Salud había dado señales de que exploraba algún tipo de fórmula que aliviara o flexibilizara el modo en que las Isapres deberían restituir los fondos a sus afiliados, pero ello recibió un categórico portazo desde el propio Ejecutivo. Una vez más se evidenciaron las “dos almas” que pugnan en esta administración, y los enormes problemas que ello le ha traído al gobierno para ejercer una gestión que esté a la altura.

Y es precisamente esta permanente tensión entre las “dos almas” lo que probablemente explica la mayor debilidad de la propuesta que presentó el gobierno, pues ante todo ha fallado en despejar si acaso el sector Isapres tiene algún futuro de acuerdo con la visión del Ejecutivo. Es evidente que resulta inoficioso estar discutiendo sobre fórmulas para restituir fondos o estabilizar el sistema si es que ni siquiera hay claridad en qué condiciones seguirán existiendo las Isapres. En un escenario así de incierto, y con pérdidas acumulándose, probablemente habrá aseguradoras que preferirán cerrar sus operaciones sin siquiera esperar lo que se resuelva en el Congreso, algo que precipitaría el colapso. La propuesta del Ejecutivo lamentablemente no despeja el escenario y, peor aún, no parece transmitir ningún interés especial de querer preservarlo o de asumir la urgencia de la situación.

La prórroga de seis meses que la Superintendencia solicitó al máximo tribunal para poder implementar el fallo -y que éste concedió prestamente, a pesar de que admite que no se advierte que en el plazo originalmente otorgado se haya avanzado en lo dispuesto en la sentencia- tampoco asegura nada, pues de hecho el establecer un plazo perentorio para cumplir con la sentencia no tiene efectos sobre el Poder Legislativo, cuyos tiempos son otros.

Pese a la responsabilidad que le cabe al gobierno en no despejar los caminos de solución, es evidente que esta crisis es el producto de una serie de desaciertos por parte de los tres poderes del Estado. Desde que el Tribunal Constitucional declaró en 2010 la inconstitucionalidad de una serie de normas referidas a la tabla de factores de riesgo, ni el Congreso ni el regulador fueron capaces de adecuar la normativa de modo que el precio de los planes se ajustara a estos criterios, lo que solo ocurrió recién una década después con la tabla de factores única. Esta larga ausencia de regulación desató una extrema judicialización del sistema -con cientos de miles de recursos de protección, la mayor parte fallados a favor de los afiliados-, lo que debió haber sido una voz de alerta para las propias Isapres, que en cambio optaron por desentenderse del problema. Por su parte, la extralimitación de la Tercera Sala de la Corte Suprema, extendiendo los alcances de fallos en casos particulares a todos los afiliados de las Isapres, sin duda ha acelerado la crisis, poniendo al sistema al borde del abismo.

Toda esta cadena de desaciertos debe llamar a una profunda reflexión en la forma como las principales instituciones del país están enfrentando una muy delicada situación, por de pronto dejando en una total incertidumbre a los casi tres millones de beneficiarios de las Isapres, además de los potenciales efectos sobre todo el sistema de salud.