Crisis en las Isapres: reforzar Fonasa no es la salida

Según ha trascendido, el gobierno se encuentra trabajando en dos frentes para abordar la compleja situación financiera de las Isapres, sin que pueda descartarse la posibilidad de que el sistema entre en colapso. Por una parte, está realizando gestiones para poder presentar una suerte de “ley corta” en marzo, mediante la cual se buscaría resguardar a los afiliados, sin que hasta ahora se hayan entregado mayores detalles. En paralelo, también pretende reforzar Fonasa, para hacer frente a la eventualidad de que alguna Isapre no pueda continuar.

Respecto de este segundo punto, lo que se buscaría -conforme adelantó este medio- es crear una tercera modalidad dentro del seguro público, llamada “nueva modalidad de cobertura adicional”, de tal modo que quienes emigren a Fonasa ante el colapso de su Isapre destinen su cotización a un plan determinado por el seguro público. Para quienes quieran acceder a prestadores distintos o mayores beneficios, tendrían la opción de contratar seguros complementarios privados, caso en que Fonasa los agruparía y haría licitaciones de dichas carteras. La idea es que los beneficiarios paguen una tarifa plana por este aporte adicional.

A pesar de que han transcurrido más de dos meses desde que la Corte Suprema dictó un fallo que obliga a todas las Isapres a ajustarse a la tabla de factores elaborada por la Superintendencia de Salud, y que rige desde abril de 2020, todavía no hay certeza en la forma como la autoridad llevará a la práctica este fallo, como tampoco de qué manera se aplicarán las devoluciones en caso de que se produzcan diferencias en favor de los afiliados.

La situación del sistema Isapres ya es crítica, lo que se refleja en que las pérdidas acumuladas al tercer trimestre alcanzaban a $128 mil millones, en tanto que 2021 también fue un año de pérdidas. Si bien la Corte Suprema dio a la Superintendencia un plazo de seis meses para poder aplicar los ajustes al sistema, la situación no parece resistir hasta entonces y urge tener definiciones prontas, no solo respecto de este punto, sino de cómo se asegurará que el sistema tenga viabilidad. De allí que resulte inentendible que el mayor énfasis de la autoridad de Salud parezca estar en el reforzamiento de Fonasa, pero en cambio no se observen mayores avances para buscar una pronta salida legislativa que permita estabilizar el sistema de Isapres.

Apostar por el reforzamiento de Fonasa no es la respuesta para enfrentar esta crisis. El seguro público ya arrastra masivas listas de espera, y una llegada masiva de beneficiarios provenientes de las Isapres solo podría agravar aún más la situación, sin que tampoco exista la certeza de que las personas que tienen tratamientos en curso o cirugías ya programas puedan continuarlas en los recintos médicos que habían escogido.

Por otra parte, el plan en que se encuentra trabajando el gobierno para fortalecer Fonasa presenta una serie de interrogantes. Por de pronto, no hay certeza de que el modelo de licitación de carteras de afiliados sea tan conveniente, considerando que la cobertura base provendrá de Fonasa y en general éste bonifica menos que las Isapres, lo que podría devenir en primas más altas. Ello pone en duda que se puedan seguir manteniendo los mismos beneficios, y podría afectar la capacidad de elección que los afiliados sí tienen en Isapres. También es previsible que se levanten objeciones políticas si es que se intuye que con este nuevo modelo lo que se busca es acelerar que más afiliados pasen a Fonasa y el sistema público vaya adquiriendo el protagonismo total, que es el objetivo que persiguen algunos sectores del oficialismo.

Los exsuperintendentes de Salud expusieron ante el Senado una propuesta consensuada para salir de esta crisis, consistente en una “ley corta” que entre otros aspectos considere un plan de salud único y universal para todo el sistema Isapres, la introducción de un fondo de compensación de riesgos inter Isapres, para así eliminar las tablas de factores de riesgos, preexistencias y cautividad. Estas medidas no deben implicar gasto fiscal, pero sí asegurar que en corto plazo se recupere el equilibrio financiero, hasta que se dé con un nuevo modelo de salud. La “ley corta” del gobierno, según han dado a entender parlamentarios de la Comisión de Salud del Senado, apuntaría más que nada al precio base que cobran las Isapres, por lo que sigue habiendo dudas si será la solución legislativa que se necesita.