Criterios del gobierno frente a la gratuidad

Recientemente la Contraloría General de la República resolvió a favor de la Universidad Central un requerimiento que esta había presentado en contra de una resolución del Ministerio de Educación, en la cual se denegaba para este año el acceso del plantel a la gratuidad.

Conforme con los antecedentes, la universidad presentó su solicitud ante la Subsecretaría de Educación Superior para acceder al beneficio, la cual fue denegada por estimar que la entidad no cumplía con determinados requisitos que fija la normativa. La universidad reconoció el error y rectificó los antecedentes, y si bien la Subsecretaría finalmente validó la información, estimó que los antecedentes serían considerados para el proceso 2024. La universidad presentó un recurso jerárquico ante el Ministerio de Educación, el que validó el criterio de la Subsecretaría. La Contraloría estimó que el proceder de las autoridades de Educación vulnera el principio de contradictoriedad, que obliga a la autoridad a considerar todos los antecedentes que los interesados aporten en cualquier momento del procedimiento y a ponderarlos para una mejor resolución, estimando que la universidad cumple con el requisito para acceder a la gratuidad.

La resolución del ente contralor permite poner en perspectiva una serie de materias en relación con la política de gratuidad, no solo respecto del considerable gasto fiscal que supone esta política, sino además sobre los criterios que la autoridad adopta frente a este beneficio, donde pareciera ser que cuando se trata de entidades privadas existe más reticencia para su otorgación, un sesgo que en materia educacional se ha hecho evidente durante esta administración. Esto pese a que el discurso del gobierno ha sido que en materia educacional no puede haber discriminaciones arbitrarias porque finalmente se trata de un derecho.

Sin perjuicio de que todas las entidades que postulan al beneficio de la gratuidad deben cumplir con las exigencias que establece la ley, las trabas que se pusieron a la Universidad Central, a la luz del dictamen de Contraloría, parecen excesivas cuando no dilatorias para efectos de comenzar a entregar el beneficio. Otro plantel, la Universidad de Las Américas, tampoco ha logrado acceder a la gratuidad, y ha reclamado a las autoridades que exista igualdad de trato. Este tipo de episodios causan natural preocupación, y la autoridad debería preocuparse de proporcionar mayor información respecto de sus actuaciones, para despejar resquemores de discrecionalidad.

Si bien se hace evidente que la gratuidad es una política extremadamente costosa -fruto de ello Chile es de hecho uno de los países que a nivel OCDE destina mayor proporción de gasto público a educación terciaria-, en la medida que se decida continuar con ésta la autoridad ha de asegurar que todas las entidades, independientemente de si son estatales o privadas, cuenten con las mismas garantías para acceder a dichos fondos.