Críticas al proceso de reconstrucción

Tras los devastadores incendios que afectaron a Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana a comienzos de febrero -que dejaron un saldo de 135 fallecidos, y más de 8 mil hogares seriamente dañados-, el compromiso adoptado por el Presidente de la República fue que antes del invierno, todas las familias afectadas deberían tener un techo donde resguardarse. La época de lluvias ya ha comenzado, y aún son numerosas las familias que acusan una falta de solución habitacional -todavía hay quienes viven en carpa-, o una profunda disconformidad con las soluciones que se les han entregado.

Las críticas al proceso de reconstrucción -probablemente uno de los mayores desafíos que ha de enfrentar esta administración- no solo se han escuchado desde la oposición, sino que han sido sectores del propio oficialismo -entre quienes se cuenta a la propia alcaldesa de Viña del Mar, así como algunos parlamentarios de la zona-, los que han hecho ver la lentitud con que ha avanzado el proceso, tal como lo indicó un reportaje publicado por este medio, donde se hizo ver la tensión política que está provocando la reconstrucción. Con ello está quedando a la vista que hay evidentes problemas de gestión, justamente aquella dimensión que constituye uno de los flancos más débiles del actual gobierno.

Ciertamente no corresponde aseverar que el proceso ha sido un total fracaso; se cuenta ya con un plan de reconstrucción que contempla más de 160 medidas, con un costo de US$ 1.000 millones, y a la fecha se contabilizan algo más de 1.600 viviendas de emergencia entregadas, pero aún restan por construir mil más, por lo que la promesa presidencial se ve todavía lejana.

No hay duda de que estos procesos son particularmente complejos, sobre todo cuando en este caso afectó a zonas en emplazamientos geográficos difíciles, con familias instaladas en sitios no regularizados o cuando el número de personas afectadas superó las 21 mil. Pero cuando ya han transcurrido más de tres meses desde que tuvieron lugar los siniestros, cabría haber esperado que a lo menos la fase de entrega de viviendas de emergencia hubiese concluido, y las quejas de familias que alegan no haber recibido ayudas del Estado -en enseres o bonos-, o que siguen careciendo de infraestructura elemental, como por ejemplo acceso a alcantarillado, fuesen algo excepcional. El país cuenta con experiencia en materia de reconstrucción, de modo que se echa en falta que esas capacidades no parecieran estar aprovechándose al máximo. Cabe recordar que al cabo de tres años del terremoto de 2010, el Estado registraba un avance del 85% en reconstrucción de viviendas, con más de 134 mil construidas o reparadas.

Los retrasos o deficiencias de este proceso se han producido a pesar de que el gobierno nombró a Camila Vallejo como “ministra de enlace” -cargo que dejó sigilosamente hace más de un mes-, por mandato legal hay un comité de reconstrucción integrado por distintos ministerios, y además existe un gerente de la reconstrucción. Resulta extraño que la entrega de viviendas de emergencia esté a cargo de Senapred, en circunstancias que sus labores son otras y ni siquiera cuenta con un director titular.