¿Cuál Constitución cambiar? La pregunta que se hacen los chilenos

La última encuesta CEP -que fue dada a conocer esta semana- confirmó que los chilenos están divididos respecto al proyecto de nueva Constitución, considerando que el Rechazo apenas supera por dos puntos al Apruebo, en tanto que un 37% sigue aún indeciso. La percepción mayoritaria que parece estar asentándose, según dicho estudio, es que de aprobarse el nuevo texto, no habrá mayores cambios o incluso la situación podría empeorar. Apenas el 36% estima que un nuevo texto probablemente sí ayudaría a resolver los problemas.

Cuando apenas quedan poco más de tres meses para el plebiscito constitucional, estos resultados confirman que en muchos permea una decepción con el borrador de la Convención, por lo que está lejos de poder considerarse un buen proyecto para el país. Pero el Rechazo reviste sus propias complejidades, pues si se impone continuaría rigiendo la actual Constitución, texto sobre el cual la ciudadanía ya se pronunció, manifestando inequívocamente su deseo de cambiarlo. Es decir, tampoco es la Constitución para estos tiempos.

Resulta altamente inconveniente que la ciudadanía quede atrapada en un dilema donde debe optar entre dos alternativas constitucionales que no le entusiasman, en que cualquiera que gane podría abrir escenarios muy complejos para la estabilidad del país. De allí que el paso que acaban de dar los principales partidos de la centroderecha, en orden a abrirse a la necesidad de dictar una nueva Constitución en caso de que gane el Rechazo, constituye un hito de particular trascendencia, que abre desde luego un nuevo escenario, porque rechazar empieza a dejar de ser sinónimo de inmovilismo, y resta fuerza a la pretendida noción de que solo el Apruebo es la única vía para asegurar los cambios que quiere el país.

A ello se suma la reforma constitucional que anunció un grupo de senadores de la Democracia Cristiana para rebajar los quorum de reforma de la actual carta a 4/7 -una idea que poco antes también había sugerido la propia UDI-, en la intención de poder allanar un camino de reformas si el texto de la Convención es rechazado. Si bien la propuesta de los personeros DC ha sido apresuradamente desestimada por el gobierno, y a su vez tensiona fuertemente al partido, la movida tiene alcances relevantes, pues refleja que no toda la centroizquierda aparece cuadrada con el exto de la nueva Constitución, y está abierta a hacer cambios a partir de la opción Rechazo.

Si bien la opción Apruebo congregó una amplísima adhesión en el plebiscito de entrada, ahora que se conocen los cambios propuestos por la Convención a partir de la “hoja en blanco” queda claro que una parte importante del electorado no comparte su orientación, lo que no significa que haya renunciado a la aspiración de una nueva Constitución. Es valorable en ese sentido que la derecha -tradicionalmente refractaria a los cambios- esta vez se haya hecho eco de este clamor, y esté dando pruebas concretas de su voluntad de avanzar en la dirección de abrir un nuevo camino. Esto poco a poco podría empezar a cambiar el escenario de cara al plebiscito, porque en la medida que varias fuerzas estén confluyendo en ello, la opción de “rechazar para reformar” comienza a tomar una forma más concreta, versus el “aprobar para reformar”, alternativa que de momento queda más a nivel de eslogan cuando ninguna fuerza oficialista de peso la está liderando ni mostrando voluntad de comprometerse con cambios concretos al texto de la Convención, menos cuando el propio gobierno ha insistido en que dicha propuesta es fundamental para llevar a cabo su programa.

Pese a la relevancia de este paso, la tarea no estará exenta de dificultades, pues para que esto cristalice primero se debe convencer a la ciudadanía de que si gana el Rechazo los cambios efectivamente se llevarán a cabo, especialmente por parte de la derecha. Desde el retorno a la democracia, dicho sector político ha aparecido fuertemente alineado con la actual Carta; más allá de que el sector legítimamente entendió que estaba haciendo una defensa de sus idearios, una serie de resguardos -senadores designados, sistema binominal y quorum supramayoritarios- dificultaron que reformas anheladas por sectores de izquierda en ámbitos muy sensibles para la ciudadanía, como la ampliación de los derechos sociales o reformar la lógica de como se ha estructurado la seguridad social, fueran objeto de revisiones de fondo.

Los consejos generales de Renovación Nacional, la UDI y Evópoli parecen haber comprendido finalmente que el escenario ha cambiado y se han comprometido con una nueva Constitución. Pero una declaración, por importante que sea, no es suficiente para convencer que vendrán cambios de fondo. Si se busca transmitir la credibilidad de que el Rechazo significará una nueva Constitución, entonces no solo los partidos de derecha, sino todas las fuerzas que se inclinan por el Rechazo deberían concurrir pa la elaboración de las bases de una propuesta constitucional alternativa, una salida institucional que bien podría emular el acuerdo del 15-N, que dio origen al proceso constituyente y que fue reconocida por su transversalidad. Allí deberían plasmarse compromisos concretos en los ámbitos de mayor sensibilidad.

En ese sentido, no basta que se rechace la plurinacionalidad -como se escuchó en algunos de los consejos generales-, sin que a su vez se indique de qué forma se reconocerá a los pueblos originarios, tierras y escaños reservados; tampoco es suficiente denunciar que los derechos sociales son “ofertones” irrealizables, sin que se haga una contrapropuesta de cómo se podrían lograr dichos objetivos en forma sustentable, o denunciar la “fe ciega en el Estado” sin entregar luces de cómo se cambiaría -o perfeccionaría- la lógica de subsidiariedad que hoy subyace, por ejemplo, en materia de seguridad social. Asimismo, también sería relevante conocer las propuestas en el rol de la mujer, la protección del medioambiente, el régimen de aguas o la perspectiva de género, temas de crucial relevancia sobre todo para las actuales generaciones.