Cuarentenas y violencia intrafamiliar

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Las autoridades deben actuar con especial celo ante la evidencia de que los casos de violencia al interior de los hogares se pueden acentuar bajo escenarios de confinamiento.



Uno de los efectos indeseados que previsiblemente traerán las políticas de cuarentena obligatoria es el aumento de casos de violencia intrafamiliar (VIF), un drama que en el caso de Chile reviste especial gravedad, considerando el nutrido historial de violencia hacia mujeres y menores de edad que ya arrastra el país.

Aun cuando las denuncias de VIF que recibe la Fiscalía experimentaron en marzo una disminución en relación con igual mes del año pasado, parece haber coincidencia de que existe una elevada cifra de casos no reportados, probablemente por el hecho de que las víctimas deben convivir en todo momento con su agresor. Los teléfonos de asistencia, en cambio, han registrado en el mismo período un preocupante aumento de llamados, lo que podría ser indicio de que se están incubando más situaciones de violencia de las que efectivamente se conocen.

Las estadísticas de femicidio han venido al alza en los últimos años, con un total de 46 asesinatos de mujeres en 2019, en tanto que la tendencia observada en los primeros meses de este año no resulta auspiciosa, sembrando un razonable temor de que el confinamiento total puede potenciar no solo un incremento en la tasa de femicidios, sino también en lesiones, amenazas y maltrato habitual, las tres causales que concentran el mayor número de delitos en materia de VIF.

Las consecuencias de este fenómeno son ciertamente devastadoras para quienes las padecen, pero especialmente dañinas resultan para los menores de edad, quienes al ser víctimas directas o testigos de hechos violentos en el hogar arriesgan quedar con severos daños psicológicos o secuelas físicas. No debe perderse de vista que nuestro país ya ostenta elevados niveles de maltrato a menores de edad -el 25% reporta haber sido víctima de violencia física grave, y otro 25% leve, en tanto casi el 20% es objeto de maltrato psicológico, según datos de Unicef-, realidad que puede fácilmente verse agravada en confinamiento.

Las medidas de cuarentena son ineludibles como estrategia para derrotar a la pandemia, y ante lo incierto que resulta el comportamiento del Covid-19, es posible que estas medidas restrictivas a la población deban necesariamente mantenerse en forma prolongada. A la luz de ello, resulta indispensable que las políticas públicas refuercen la protección al interior de los hogares, donde las autoridades tienen la misión de reforzar los controles preventivos y multiplicar los canales a través de los cuales es posible recoger denuncias -el gobierno ya ha dado pasos en esta dirección-, siendo indispensable no dar señales de impunidad o desamparo a las víctimas.

Aun cuando en algunas localidades se ha solicitado formalmente prohibir la venta de alcohol, como forma de reducir la ocurrencia de VIF, ello no parece una medida que por ahora se justifique, ya que si bien el alcohol potencia conductas agresivas, una parte no menor de los delitos son cometidos en estado de sobriedad, mientras que en otros hay de por medio consumo de drogas. Con todo, quizás como nunca se ha hecho más evidente la importancia de contar con buenas políticas de prevención y tratamiento de adicciones.

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