Cuestionable metodología para la gratuidad

Desde la reforma del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, la gratuidad es el principal beneficio estudiantil en nuestro sistema de educación superior. Con todo, es ampliamente sabido que este sistema de financiamiento tiene graves problemas de diseño, pues aplica restricciones al crecimiento y a la autonomía de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica adscritos, afectando el dinamismo e inclusión del sistema.

Además, el arancel regulado tiene consecuencias difíciles de soslayar para la sustentabilidad financiera de las instituciones. Por diseño, la transferencia de recursos fiscales a las universidades adscritas se estima multiplicando el número de estudiantes matriculados de los primeros seis deciles por los aranceles regulados. Para establecer dichos aranceles, la Ley de Educación Superior establece que la Subsecretaría del ramo debe diseñar una clasificación de carreras en base a costos directos e indirectos de impartirla, considerando acreditación, ubicación geográfica de las instituciones, entre otras variables. Luego, una Comisión Experta analiza dicha metodología y propone modificaciones que deben ser respondidas fundadamente. El proceso de determinación de estos valores se encuentra pronto a terminar, para el 5% de la matrícula. El proceso tiene deficiencias tanto legales, como técnicas y administrativas.

Se ha reportado que el proceso actualmente en curso se realizó en plazos insuficientes y de forma incompleta, generando una dificultad mayor para las instituciones. Por de pronto, resulta cuestionable que la consulta a las instituciones de educación superior se haya realizado durante las vacaciones de verano, fecha en que están en receso administrativo y académico. Los documentos disponibles durante la consulta son incompletos e inconsistentes, sin que se pueda trazar una visión clara del objetivo de la autoridad en la materia.

Adicionalmente, algunos especialistas han señalado que la Subsecretaría utilizó datos de los ingresos de las instituciones para ajustar las cifras, algo directamente contrario a una ley que exige regular en base a costos. Además, los datos utilizados se habrían limitado a lo reportado para 2021, año atípico marcado por las adaptaciones que exigió la pandemia, impactando en sus costos. De particular preocupación resulta el hecho que de que las proyecciones y simulaciones de los aranceles, en caso de aplicarse esta metodología, afectarán fuertemente al sector privado, en particular a los institutos profesionales y los centros de formación técnica. Es lamentable que, tal como ocurrió cuando se implementó la gratuidad, nuevamente se esté apostando por un diseño que discrimina a las instituciones privadas y que muestra escaso aprecio por el aporte de la educación técnica, lo que finalmente resiente a todo el sistema educacional.

Un proceso de tan altas consecuencias para el Fisco y para el sistema de educación superior debe cuidar especialmente este fundacional proceso, pues lo que aquí se determine podría tener consecuencias importantes en el gasto fiscal y sobre todo para miles de familias. A pesar de que se concentra en un número reducido de carreras, este proceso traza las líneas que afectarán al 95% restante.

Actualmente el proceso se encuentra en la etapa en que la Comisión Experta para la Regulación de Aranceles realiza sus observaciones. Es esperable que haga ver los múltiples errores que ha tenido el proceso y las consecuencias que provocaría en el sistema de educación superior si no se corrigen.