Cuestionada compra de clínica

A mediados de enero, la alcaldesa de la Municipalidad de Santiago hacía un rutilante anuncio: “Vecinos y vecinas, tenemos una gran noticia para la salud pública de nuestra comuna. Acabamos de aprobar en el concejo municipal la compra de la ex clínica Sierra Bella, que va a ser la primera clínica municipal de nuestro país”, indicando que para estos efectos se invertirían del orden de $8.200 millones.

Fue justamente el alto monto de la transacción lo que levantó dudas acerca de la pertinencia de esta operación, sobre todo cuando trascendió que el avalúo fiscal de la propiedad estaba por debajo de los $2 mil millones. La Contraloría General de la República ha determinado por ahora suspender la operación, hasta que el municipio no aclare el procedimiento administrativo de compra del inmueble.

Son varias las interrogantes que surgen a partir de este episodio, que deberían ser aleccionadoras para todo el ámbito municipal, en particular en la forma como se gestionan los recursos públicos y los estándares de transparencia que se deben ante la ciudadanía. Lo más evidente es despejar lo que aparece como un evidente sobreprecio, que hasta este momento no ha sido debidamente justificado. El municipio argumenta que dicho valor fue fijado en el marco de dos tasaciones independientes, pero cabe preguntarse si ello bastaría para justificar un desembolso de esta magnitud. Al respecto, el Conservador de Bienes Raíces de Santiago se había abstenido de dar curso a la inscripción de la propiedad, como lo solicitaba el municipio, entre otras razones porque ante la sustantiva diferencia de precio entre el avalúo fiscal y el valor comercial podría configurarse la figura de “vicio de lesión enorme”.

La escasa atención sobre el precio deja a la vista una evidente falla en la actuación del concejo municipal, el cual en la sesión del 18 de enero aprobó el marco general de esta operación, con la excepción de una concejal que se abstuvo; y solo en una sesión extraordinaria convocada dos dias después se sumaron algunos votos en contra. Resulta cuando menos insólito que en una operación de esta magnitud una parte relevante de los concejales no se hayan interesado en indagar más sobre su pertinencia -algo elemental cuando se trata de proteger los recursos fiscales-, más aún cuando la ex clínica Sierra Bella recién habría aparecido como alternativa a comienzos de enero.

En distintos casos de irregularidades relativos a municipios que han salido a la luz pública se ha podido observar que los concejales no ejercieron sus facultades fiscalizadoras como se habría esperado -paradigmático resulta en ese sentido lo ocurrido con la presunta desviación de fondos en el caso de la Municipalidad de Vitacura-, lo que es un llamado de atención respecto de cómo deben entenderse las responsabilidades en esta función clave, ello, sin perjuicio de que cabe esperar de la alcaldesa mayor proactividad para aclarar públicamente los detalles de la operación.

Los municipios también deben ser conscientes de las dificultades que implica asumir áreas que no son las propias, como es el caso de comprar y gestionar directamente un centro de salud de alta complejidad. Experiencias de esta naturaleza son escasas en el país. La Municipalidad de Las Condes cuenta con la Clínica Cordillera, pero es una concesión a privados, mientras que Ñuñoa también trató de gestionar directamente una clínica, pero durante años el recinto permaneció desocupado. De allí que si se pretende invertir cuantiosos fondos en salud, debe analizarse con mucha mayor exhaustividad el uso y costo alternativo de estos recursos.