Cuestionado rol de la ministra del Interior

No parece haber precedente de que quien lidera el Ministerio del Interior haya cometido tantos errores en apenas un mes. El último de ellos fue particularmente grave, cuando la ministra Izkia Siches, durante su comparecencia ante la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, aseguró que un avión que llevaba extranjeros con orden de expulsión retornó al país con todos ellos, sin que exista claridad de su paradero, hecho del que luego tuvo que retractarse y pedir públicas excusas, al comprobarse la falsedad de estos antecedentes.

Resulta impúdico que desde el gobierno se pretenda atribuir la responsabilidad por este bochorno a la ex directora subrogante del Servicio de Migraciones; aun si desde allí provino una información equivocada, la jefa de gabinete debió procurar un chequeo exhaustivo de dichos antecedentes, pues es el Ministerio del Interior el que aparece avalándolos. Aun más cuestionable es que a pesar de que ya tenía conocimiento de estos hechos a lo menos desde comienzos de abril -cuando los mencionó en una entrevista que dio a un medio regional-, en todo este tiempo no haya instruido una investigación penal y administrativa, considerando que era su obligación legal hacerlo, más aún tomando en cuenta la gravedad de la denuncia.

El traspié de Siches está lejos de ser algo anecdótico o sencillamente un error atribuible a la falta de experiencia. Los constantes tropiezos en que ha incurrido la ministra están sugiriendo una falta de comprensión manifiesta de lo que debe ser su rol y el cuidado que debe observar una autoridad, sobre todo atendido su triple rol como jefa de gabinete, vicepresidenta de la República y quien tiene a su cargo el orden público. Las seguidillas de pasos en falso por supuesto minan su autoridad, ponen en entredicho la credibilidad del ministerio que encabeza y por cierto profundizan tempranamente el desgaste del nuevo gobierno, lo que ya se está reflejando en distintos estudios de opinión pública.

Su imprudente viaje a Temucuicui apenas asumida en el cargo, llevado a cabo pese a que su equipo de seguridad lo había desaconsejado por el riesgo implícito -lo que se probó efectivo, pues su comitiva fue recibida con bloqueos de caminos y disparos-, dieron cuenta de actitudes impulsivas y falta de pericia. El flanco que abrió con el Poder Judicial -al manifestar que los jueces discriminan por factores raciales- y con Argentina, al reivindicar desaprensivamente la expresión “Wallmapu” -lo que causó profundas molestias en sectores de dicho país, pues esta denominación abarca también extensos territorios trasandinos- son ejemplos de aquello. De particular gravedad es que la ministra Siches también haya validado la existencia de “presos políticos”, lo que resulta totalmente desconcertante, pues da sustento a la interesada noción de que en Chile hay personas privadas de libertad por persecución política, lo que constituye un agravio a la institucionalidad.

La instalación del gobierno del Presidente Boric no ha sido sencilla. Cumplido un mes de mandato, la desaprobación a su gestión ha mostrado un preocupante incremento -algo que no se había observado con tal intensidad en gobiernos anteriores-, lo que también se ha reflejado en la evaluación general hacia el gobierno. No han sido las fuerzas de oposición las responsables de este desgaste -por el contrario, voces como la del alcalde comunista Daniel Jadue han sido de constante crítica-, sino fundamentalmente los errores propios, en que la conducción central se ha visto algo diluida, y temas de alta sensibilidad como el orden público han sido cruzados por señales muy contrapuestas. Tal ha sido el caso cuando el Ejecutivo optó por colocar suma urgencia al proyecto que busca amnistiar a personas procesadas por delitos en el marco del estallido social, sin que los votos estén asegurados en el propio oficialismo. No cabe descartar de antemano que la creciente pérdida de confianza en el trabajo de la Convención Constitucional también pueda estar contribuyendo a la merma de respaldo popular del gobierno.

Parece bastante evidente que la “luna de miel” ha llegado a su fin, lo que se traduce en una ciudadanía más impaciente y con escasa tolerancia al error. En ese contexto, el Presidente de la República deberá agilizarse para ordenar sus filas y así procurar una conducción coherente. En ese orden de cosas, aun cuando el Jefe de Estado estaba obligado a darle el respaldo a la ministra Siches -una remoción de esta envergadura apenas iniciado el gobierno resultaría un paso muy complejo-, dicha decisión la adopta asumiendo las consecuencias políticas que ello conlleva.