Cuestionamientos al nuevo equipo de seguridad

La conformación del nuevo equipo de gobierno a cargo de los temas de seguridad -por una parte el subsecretario del Interior, Luis Cordero, quien asumió a mediados de octubre, y la nueva subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, exalcaldesa de Peñalolén- ha sido objeto de duras críticas por parte de la oposición, haciendo ver que se trata de personas sin mayor experiencia en temas de seguridad, y que el interés del gobierno ha estado en privilegiar designaciones políticas.

El contexto en que han tenido lugar estas nominaciones se encuentra además contaminado por la inexplicable decisión del Presidente de la República de no introducir cambios en su gabinete, manteniendo entre otras a la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien ha sido fuertemente cuestionada no solo por la forma de manejar el caso Monsalve, sino que la propia oposición venía reclamando la necesidad de introducir cambios en el equipo a cargo de la seguridad pública, ante los malos resultados. En este caso, además de pedir la salida de Tohá también se exigía la de Eduardo Vergara, quien estaba a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y cuya partida ha sido resentida públicamente por el PPD, pues Vergara militaba en sus filas y lo ve como un desplazamiento del Socialismo Democrático en Interior.

Lo concreto es que, al margen de que la ministra Tohá siga por ahora en sus funciones, el gobierno ha hecho cambios en dos subsecretarías muy relevantes en materia de seguridad, y en dichos cargos ha colocado a personas que cuentan con amplias trayectorias que podrían ser útiles para las tareas que ahora se les encomiendan. En ese sentido, no se entiende bien el ácido tono de las críticas y la prematura descalificación de las nuevas autoridades, pues lo que corresponde es que sean evaluados en función del desempeño que exhiban en sus nuevos roles conforme las directrices que fije el gobierno, algo que evidentemente solo podrá ser apreciado en un tiempo más.

Mientras se desempeñó como ministro de Justicia, Cordero impulsó activamente la necesidad de ampliar la infraestructura carcelaria, puesto que los actuales recintos penales se encuentran saturados y ello desde luego supone una traba para un combate integral al delito -el plan del gobierno es ampliar en más de 12 mil plazas de aquí al 2030-, incluso promoviendo la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad en la comuna de Santiago, lo que le valió un público enfrentamiento con algunos alcaldes. La exalcaldesa Leitao, por su parte, en su larga experiencia como alcaldesa previsiblemente tiene una percepción mucho más fina de las necesidades que reclama la población en materia de seguridad, y sus amplios contactos con alcaldes del país deberían facilitar una labor mucho más coordinada con los municipios en materia de seguridad.

Leitao y Cordero asumen un rol particularmente complejo dentro del gobierno, porque la crisis de inseguridad ha sido el flanco más débil de esta administración y porque se trata del tema que por lejos más inquieta a la ciudadanía. La ola de asesinatos no se detiene -más allá de que se haya logrado una cierta caída en el último tiempo- y resulta evidente que la expansión del crimen organizado se ha tornado en una amenaza gravísima para el país. En ese sentido, no hay margen para los pasos en falso ni para seguir dilatando la agenda de reformas que continúa pendiente en el Congreso, como la nueva Ley de Inteligencia, donde resulta evidente que mientras el Estado no cuente con capacidades reforzadas en esta materia el combate al delito se ve debilitado. El hecho de que por estos días finalmente el Congreso haya despachado a ley la norma sobre “narcofunerales” -regulando estrictamente aquellos funerales considerados de alto riesgo y endureciendo las sanciones de delitos cometidos en dichas actividades- es un paso en la dirección correcta, pero en cambio sigue entrampado lo relativo al nuevo Ministerio de Seguridad.

La oposición debe ciertamente permanecer vigilante respecto del rol que desempeñará el gobierno -y el Ministerio del Interior en particular- en lo concerniente al manejo de la crisis de seguridad, pero es importante darle la chance al gobierno de demostrar que con su nuevo equipo impulsará cambios en la estrategia seguida hasta ahora, y que claramente hasta aquí no ha logrado resultados satisfactorios.