Cuestionamientos metodológicos a informe CAE

Una de las promesas de campaña del actual Mandatario tiene relación con condonar universalmente a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). Así, y con el objetivo de “aportar” a la construcción del plan que necesita el gobierno para aplicar esta política pública, el Ministerio de Educación (Mineduc) presentó recientemente un controvertido informe sobre la caracterización de personas que habrían accedido a dicho préstamo. Más allá de la ineficiencia y regresividad a la que conduciría esta medida que no considera la heterogénea realidad de los deudores, lo que más ha llamado la atención son las críticas que han levantado expertos respecto al informe.

A partir del cruce de datos individuales aportados por el Servicio de Impuestos Internos (SII), correspondiente a la operación renta del 2021, el estudio analizó a 668.892 personas que están en etapa de pago hasta diciembre del 2020. El informe del Ministerio afirma que el 69% de los deudores posee un ingreso mensual inferior a $750 mil. Enseguida, añade que el 38% presenta ingresos inferiores a los $250 mil mensuales, un monto bastante menor al salario mínimo. Es más, en dicho tramo el promedio sería $47.146, un monto que ni siquiera cubriría la línea de la extrema pobreza. Todo esto contradice los datos que han entregado otras instituciones especializadas.

El error se produjo porque se imputó un valor de ingreso cero a los deudores sobre los que no se contaba con información. Este sería el caso de los trabajadores informales. La equivocación conceptual y metodológica del Mineduc instaló una idea equivocada en la ciudadanía, ya que la realidad salarial de los deudores es notoriamente distinta. No solo eso, el resultado del estudio daría pie a una política pública que costaría unos US$10 mil millones. Este último aspecto es relevante tanto por el significativo monto, como por la señal política que estaría entregando el gobierno. En efecto, mientras el ministro de Hacienda plantea una reforma tributaria que destinaría a educación cerca de 0,4 puntos porcentuales del PIB, el Ministerio de Educación pareciera sugerir, a través de su informe, que se necesitarían muchos más recursos para condonar a deudores cuya pobreza ha sido evidentemente sobreestimada.

El ministro de Educación declaró que los deudores CAE “no son personas millonarias, como se ha querido instalar muchas veces”; pero lo cierto es que parece totalmente alejado de la realidad que casi el 40% de los deudores viva igual que una persona en situación de calle. La evidencia, en cambio, da cuenta que muchos de ellos tendrían la capacidad para pagar su deuda con el 10% de sus ingresos. Aunque el Ministerio intente disfrazar este error solo como una “primera imagen”, todavía no se entrega una explicación convincente ante los resultados de este informe. Cabe esperar que la discusión sobre el financiamiento a la educación superior se pueda generar con trasparencia y datos fiables, para que tanto la sociedad civil como el gobierno pueda contribuir a resolver, de manera justa y equitativa, las dificultades que viven miles de deudores.