Cuestionamientos por aranceles de gratuidad

Uno de los aspectos polémicos que conlleva el financiamiento gratuito de la educación superior es la fijación de los aranceles que, una vez que dejan de ser pagados por los alumnos, dejan también de ser determinados por las propias casas de estudio. En consecuencia, la introducción de esta política le otorga al Estado la atribución de definir el monto que todas las instituciones reciben por cada uno de sus estudiantes que participan del beneficio. Si bien en los primeros años el denominado arancel regulado tomó los valores de referencia que ya utilizaban las becas y los créditos subsidiados, la ley establece que a la larga estos deben ser recalculados teniendo en cuenta el costo de impartir cada carrera.

Pues bien, al depender lo anterior de criterios que permiten cierto grado de discrecionalidad, el proceso ha ido produciendo desavenencias entre las universidades y el Ministerio de Educación. Quizás la más relevante es por la diferencia entre los aranceles fijados de acuerdo con la naturaleza jurídica de la institución de educación superior, la que según estimaciones de Acción Educar iría en desmedro de universidades privadas, a las que se les estaría otorgando un monto inferior que a las estatales. Esta discriminación, por un lado, no se justifica en diferencias de calidad, pues hoy existen diversos indicadores que muestran que esta no tiene relación alguna con el tipo de institución de que se trate. Así también, tampoco se sustenta en el grado de complejidad de cada tipo de universidad, pues hoy el sistema de acreditación mantiene exigencias similares para todas en ese ámbito, de manera que la necesidad de recursos es también equivalente.

Si bien hasta ahora las consecuencias de la fijación de aranceles son acotadas, en la medida que solo se han fijado los valores para un par de carreras (Periodismo y Trabajo Social), que representan aún un porcentaje bajo de la matrícula -y por lo tanto de los ingresos de las casas de estudio-, su alcance se extenderá rápidamente en los próximos años, pues el subsecretario de Educación Superior comunicó a los rectores su intención de dejar fijados el resto de los aranceles de aquí a 2026.

Más allá de las diferencias que puede haber respecto a los criterios escogidos por la autoridad para la fijación de los aranceles, es claro que, tal como algunos advirtieron cuando se tramitó la ley que introdujo la gratuidad, ésta representa un problema inherente a dicha política. Dejar en manos del Estado el monopolio del financiamiento de la educación superior -o al menos de las instituciones suscritas a ella- implica entregarle decisiones que pueden interpretarse como arbitrarias y que tienen el potencial de dañar la situación financiera de las casas de estudio. A estas alturas es importante reconocer esta limitación y, antes que centrarse en discutir la manera de fijar los aranceles regulados, lo que debiera reevaluarse es el problema de fondo, que tiene que ver con la conveniencia de seguir avanzando en la gratuidad tal como fue planteada.