Debate poco auspicioso en nueva Ley de Pesca

La tramitación de la nueva Ley de Pesca -iniciativa que presentó el Ejecutivo a fines del año pasado- no ha tenido un comienzo particularmente auspicioso. Esto porque si bien el proyecto ha ido avanzando en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, una serie de polémicas están marcando inconvenientemente el tono del debate, lo que abre interrogantes acerca de cómo será abordada esta ley, considerando la importancia que esta actividad tiene para el país.

El contexto en que se da este debate legislativo es particularmente complejo, considerando que la actual ley de pesca -dictada en 2013- ha sido deslegitimada por algunos sectores, tachándola de “corrupta”. Esto en alusión a la injerencia indebida de algunas empresas que buscaron influir en determinados parlamentarios, lo que desembocó en que un exsenador fuese condenado por cohecho y fraude al fisco, una exdiputada también condenada por cohecho, en tanto que una pesquera fue sentenciada por delitos de soborno en relación con los casos señalados. Con ello se sembró un manto de duda sobre toda la ley, a pesar de que solo fueron algunos parlamentarios los que actuaron indebidamente, y en su momento la norma contó con una amplia aprobación del Congreso.

En atención a toda esta controversia, la actual administración contemplaba dentro de su programa de gobierno la dictación de una nueva ley de pesca; precisamente uno de los objetivos declarados en el mensaje del proyecto es que esta vez se pueda legislar con plena transparencia.

Más allá de que resulte discutible tener que dictar una nueva ley y otra vez volver a redefinir el marco regulatorio, en vez de haberse centrado en reformas puntuales, resulta fundamental que ya tomada la decisión política de avanzar en una nueva legislación el proceso se aborde seriamente, lo que implica atender a la mejor evidencia disponible, brindar estabilidad en las reglas, evitar los sesgos y evitar que la norma otra pueda pueda ser objeto de cuestionamientos por su legitimidad.

En tal sentido, resulta desafortunado que tres parlamentarios de oposición hayan presentado más de 200 indicaciones que fueron copiadas de un informe elaborado por Sonapesca. Y aunque se ha aclarado que dicho informe es público y que incluso el propio gobierno tomó algunos de sus contenidos -dos de los legisladores optaron finalmente por no suscribirlas-, los parlamentarios deberían ser conscientes de toda la polémica que ha precedido a esta ley y por tanto si consideraban que parte del informe merecía ser incluido, cuando menos debieron haber informado de ello y elaborar indicaciones propias, no meras copias.

También ha resultado desconcertante que el subsecretario de Pesca, denotando desconocimiento de aspectos técnicos fundamentales sobre la actividad pesquera, fustigara a la pesca industrial y la conminara a pescar más allá de las 200 millas, es decir, en aguas internacionales, donde operan barcos de otros países. Si bien es valorable que el ministro de Economía haya aclarado que no hay un ánimo de limitar a la actividad industrial, no es una buena señal que la autoridad sectorial envíe señales tan equívocas y que más bien denotan prejuicios. Por otra parte, el tono de algunas de las indicaciones que han presentado determinados parlamentarios, como aquella que busca respetar el estado “físico y mental” de los recursos hidrobiológicos “sintientes”, solo complica más las cosas y nos alejan de un debate eminentemente técnico.