Debate por “electores” y “ciudadanos”

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El veto aditivo que el gobierno enviará para restablecer las multas en caso de no concurrir a sufragar en las próximas elecciones regionales y municipales no debería rechazarse aun cuando deje de contemplar sanciones a los extranjeros.



El proyecto de ley que envió el gobierno -como respuesta a una petición que formuló el Servel- para que la próxima elección de octubre se lleve a cabo en dos días, ha terminado enredándose hasta el punto en que incluso el propio voto obligatorio ahora está en cuestión, desde el momento en que la Cámara de Diputados eliminó las multas para quienes no voten. Dicha disposición fue repuesta por una comisión mixtade senadores y diputados, pero esta vez fue rechazada por el Senado, al no alcanzar los votos suficientes. Ante ello el Ejecutivo anunció el envío de un veto aditivo, donde además de reponer aspectos como disminuir el reembolso por voto a los partidos y otras disposiciones en materia electoral, se restablezcan las multas por no votar, pero solo para “ciudadanos”, no para los “electores”.

Este punto ha abierto una fuerte controversia entre los parlamentarios, porque algunos ven en esto una maniobra encubierta del oficialismo para desincentivar el voto de los extranjeros, porque ello podría favorecer más a la derecha. El pretexto del oficialismo para oponerse en la Cámara fue que las multas resultaban demasiado onerosas. Era evidente que ante todo había un cálculo electoral, pero además se ignoraron por completo las disposiciones constitucionales, según las cuales el voto es obligatorio, encomendando a la ley fijar las sanciones y multas en caso de incumplimiento de este deber.

En ninguna parte del debate parlamentario apareció lo relativo a los extranjeros, sino hasta esta semana, cuando la comisión mixta estaba votando las normas que había acordado. Fue entonces cuando el ministro Secretario General de la Presidencia indicó en la comisión que había un problema, y era que las multas no podían aplicarse a los extranjeros, porque estos no están obligados a sufragar. Cabe hacer presente que el proyecto original del Ejecutivo remitía a los “electores”, no a los “ciudadanos”.

Más allá de que resulta lamentable que este aspecto se haya hecho valer recién ahora, cuando el debate está totalmente contaminado por la irresponsabilidad parlamentaria de haber eliminado las multas por razones electoralistas, el Ejecutivo después de todo parece tener un punto, porque si bien la Constitución establece que el sufragio es obligatorio para todos los electores, el artículo 14 indica que para el caso de los extranjeros ello es una opción.

Es evidente que la forma en que está redactado el texto constitucional no ayuda, porque crea una aparente contradicción entre obligatoriedad y voluntariedad, recordando lo inconveniente que resulta haber impulsado reformas a la Carta Fundamental apresuradamente y sin reparar en los aspectos técnicos. Aun así, lo que corresponde es buscar una interpretación armónica de las normas, y la forma de zanjarlo sería estableciendo la multa para los ciudadanos, porque ellos sí están obligados, no así para los extranjeros. Si bien en el último plebiscito constitucional y en la elección de consejeros se establecieron multas para todos los “electores”, es discutible seguir replicándolo.

Si el Ejecutivo envía un veto aditivo eximiendo de multa a los extranjeros, ello no debería ser excusa para no aprobarlo, ante lo inconcebible que resultaría dejar sin efecto el voto obligatorio. En una iniciativa posterior debería recogerse el debate constitucional sobre la pertinencia de que los extranjeros avecindados queden sometidos a la obligatoriedad, compartiendo los derechos y obligaciones del resto de los chilenos.

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