Debate por emplazamiento de nueva cárcel
La expansión del crimen organizado justifica contar con nuevos recintos de máxima seguridad, pero el debate a largo plazo no debería centrarse solo en nuevas cárceles y dónde ubicarlas, sino también revisar aspectos como los criterios para decretar la prisión preventiva.
El debate por el emplazamiento de la nueva cárcel de alta seguridad que anunció el gobierno -ello como parte de las medidas destinadas a combatir la ola de violencia que afecta al país, fundamentalmente debido a la expansión del crimen organizado- ha sido intenso, especialmente por la resistencia que ha expresado la alcaldesa de Santiago, luego de que el Ejecutivo confirmara que las nuevas instalaciones se ubicarán en dicha comuna, las que serán parte de la ampliación proyectada para Santiago 1.
La alcaldesa se resiste a que la comuna termine convirtiéndose en una “zona de sacrificio”, postura en la que ha sido acompañada por su partido, el PC, planteando que el mejor emplazamiento sería en la periferia de la ciudad, siguiendo las tendencias que se observan a nivel internacional. Aun cuando es un hecho que los habitantes de cualquier comuna se resistirán a la idea de contar con una cárcel en sus cercanías, la decisión de determinar el lugar idóneo para su instalación depende finalmente de una serie de factores técnicos. En el caso de este nuevo recinto, el gobierno ha entregado razones fundadas para justificar este emplazamiento, en particular por su cercanía con el Centro de Justicia -lo que reduce los tiempos de traslado de los reclusos, algo crítico tratándose de reos altamente peligrosos-, factores de seguridad -desde hace años allí ya opera un recinto de alta seguridad- y un menor costo respecto de lo que implicaría construir en la periferia.
Frente al delicado momento que vive el país, donde el acecho del crimen organizado se ha vuelto una amenaza para la seguridad del país, contar con más recintos penitenciarios que ofrezcan medidas de seguridad adecuadas y que a la vez permitan gestionar adecuadamente una cada vez mayor cantidad de reclusos resulta indispensable. Actualmente hay del orden de 59 mil personas en régimen cerrado -en 2017 había cerca de 41 mil-, un número que ha desbordado las capacidades existentes y que ha llevado a que la sobrepoblación alcance en torno al 130%, sin perjuicio de que en distintas regiones hay recintos abiertamente hacinados. A ello hay que agregar que la composición de los reclusos también ha cambiado, cada vez con mayor presencia de extranjeros -representando en torno al 15% de la población penal-, de la mano de la mayor presencia en el país de peligrosas bandas extranjeras ligadas al crimen organizado. El que varios de los cabecillas de estos grupos y sus secuaces estén en prisión amerita contar con recintos altamente complejos, como el que acaba de anunciar el gobierno.
Disponer de más y mejores recintos penitenciarios es una materia que llegó para quedarse en el país, por lo que deberemos acostumbrarnos a que las polémicas sobre dónde instalarlos se multiplicarán, lo que hace indispensable definir lo más objetivamente posible los criterios para su emplazamiento, buscando el menor impacto para las comunidades. Con todo, el debate sobre la realidad de nuestro sistema penitenciario no debería limitarse a dónde instalar las cárceles; en el largo plazo también deberemos comenzar a debatir acerca de los criterios con que se aplica la prisión preventiva -algo que ya se ha hecho ver con anterioridad en estas mismas páginas-, pues el número de personas cumpliendo esta medida cautelar se ha incrementado fuertemente el último tiempo -en la actualidad hay del orden de 20 mil personas en dicha situación-, contribuyendo a la saturación de las cárceles.
