Defensa autónoma para cuidar la confianza

SEÑOR DIRECTOR:

Quizás una de las labores menos comprendida en la actual forma de mirar la sociedad es la de defensa de quienes están acusados de cometer delitos. Esta tarea, que en parte significativa se ejerce por la Defensoría Penal Pública, es un trabajo que tiene múltiples detractores, quienes atacan directa y solapadamente esta función esencial para el ejercicio de la función de administrar justicia. Para esto resulta extremadamente relevante que las o los profesionales que cumplen esta tarea cuenten con la posibilidad de efectuar su labor de manera absolutamente libre.

En el sistema actual, la Defensoría Penal Pública depende del Ministerio de Justicia y, por tanto, su autonomía es relativa, pues gran parte de su trabajo está sujeto a los lineamientos que entregue el Poder Ejecutivo para su organización y financiamiento. Una Defensoría autónoma asegura que la defensa sea un contrapeso al poder punitivo del Estado y permite a los defensores públicos operar con plena libertad, ética y responsabilidad en beneficio de sus representados.

Una Defensoría autónoma contribuiría además a mejorar la percepción de injusticia que se tiene frente al sistema. Esto, tras la aparición de numerosos casos que dan cuenta de la inequidad en el acceso a la justicia. Una Defensoría independiente desde lo administrativo, pero también desde lo económico, daría la posibilidad de construir una justicia más igualitaria, imparcial y equitativa. Entre otros aspectos, se requiere igualar las variadas maneras de ejercer el mismo trabajo. Sin dudar, la Defensoría autónoma, más que un anhelo, es un requisito para equilibrar el acceso a la justicia.

Carlos Silva Núñez

Profesor de Derecho Penal y Criminología UNAB