Definiciones del Presidente Boric en la Asamblea de la ONU

El discurso que el Presidente Gabriel Boric pronunció ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, fue nítido en cuanto a las definiciones que entregó sobre la política exterior del país. Así, habló con claridad respecto de la guerra en Gaza -donde hizo un llamado a un inmediato alto al fuego, planteando que “me niego a elegir entre el terrorismo de Hamas, o la masacre y conducta genocida del Israel de Netanyahu”, al tiempo de exigir la inmediata liberación de los rehenes que aún mantiene Hamas-, condenó la agresión a Ucrania y se refirió en duros términos al régimen de Nicolás Maduro, señalando que “estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue a sus opositores”.

En estas materias, no cabe duda de que el Mandatario ha mostrado una línea coherente a lo largo de su mandato, donde tempranamente ha hecho hincapié respecto de su convicción de que los derechos humanos deben ser defendidos sin distingos, así como el estricto apego al derecho internacional. En esa línea se inserta su categórica denuncia a la forma como Israel ha llevado a cabo su política de defensa frente a la agresión terrorista de la que fue víctima por parte de Hamas, y que ya se ha traducido en unas 40 mil víctimas fatales, así como su postura de denunciar la ocupación ilegal de territorios palestinos y la necesidad de alcanzar un acuerdo de dos Estados, con fronteras definidas. La reunión que sostuvo con el Presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas, se inserta dentro de dicha política.

Su condena al régimen de Maduro tampoco debe sorprender -ya hace algunas semanas lo acusó abiertamente de ser una dictadura-, pero tiene un evidente mérito que haya reiterado estas palabras frente a una asamblea global. Ante ello, la postura que oficialmente el gobierno ha sostenido -en cuanto a no reconocer el triunfo de Maduro hasta que no haya una verificación independiente de los escrutinios- ha quedado en los hechos superada, cuando el propio Mandatario abogó por una salida política que reconozca el triunfo de la oposición y lleve adelante una transición pacífica. En ese orden de cosas, lo que cabría esperar es que se reconozca al candidato de la oposición como el presidente legítimamente electo.

Sigue en todo caso como un gran pendiente que el Mandatario hable con mayor claridad respecto de la situación de Cuba, también una dictadura que viola sistemáticamente los derechos humanos y que no fue mencionada en su discurso. Una omisión de este tipo envía una señal equívoca y no es coherente con el principio de que la democracia y los DD.HH. se deben defender en todo tiempo y lugar.

Pero el discurso del Mandatario también ha tenido importantes repercusiones en el ámbito interno, particularmente porque sorprendió al señalar que “Chile no está en condiciones de recibir más migración”, esto en el marco de su petición a Estados Unidos para que levante las sanciones económicas a Venezuela, porque a su juicio la crisis política y económica ya ha forzado a más de siete millones de venezolanos al exilio, y Chile ya alberga a unos 800 mil ciudadanos de dicha nacionalidad. Se trata de un giro inesperado, que abre un escenario diferente y que obliga a preguntarse cómo se traducirá esta definición en nuestra propia política migratoria.

Los dichos del Mandatario representan un sustancial cambio de postura respecto de lo que sostuvo en sus tiempos de parlamentario y como candidato, donde abogaba por reconocer amplios derechos a migrantes -incluso en situación irregular-, además de cuestionar cualquier intento por endurecer los controles de las fronteras. Ahora que hay conciencia de que fue un error haber consentido una política migratoria sin mayor control -más de 100 mil personas han ingresado en condición irregular-, que favoreció el ingreso de personas altamente peligrosas y con ánimo de delinquir, los dichos del Mandatario constituyen un baño de realidad, pero no queda claro si estos lineamientos expresados con tanta claridad son compartidos por el resto de la coalición de gobierno, en particular por sectores del Frente Amplio y el PC, que hasta aquí no han expresado un pronunciamiento oficial.

Desde el Servicio Nacional de Migraciones se ha recalcado que las palabras del Mandatario van en coherencia con la política migratoria, en el sentido de reforzar el control de las fronteras, y no generar nuevos incentivos para la llegada de extranjeros. Pero resta por despejar cuál será la política del gobierno en caso de que se produzca una nueva ola migratoria de venezolanos, algo que muchos ya advierten como algo de muy probable ocurrencia. En ese orden de cosas, debe por de pronto clarificarse si hay intención de eventualmente cerrar la frontera, o bien de establecer requisitos mucho más estrictos para el ingreso al país. Son aspectos de enorme relevancia y que exigen un debate amplio de las distintas fuerzas políticas, porque probablemente ello demandará amplios acuerdos.