Definiciones que no pueden seguir esperando

A pesar de que han continuado multiplicándose las señales de que las Isapres enfrentan una grave situación financiera -tras el cierre de 2022 las aseguradoras habrán registrado un segundo año consecutivo con fuertes pérdidas- siguen sin observarse medidas a la altura del problema por parte de la autoridad de Salud. En las actuales circunstancias, no resulta descartable que en el corto plazo algunas entidades puedan entrar en una situación de insolvencia, escenario que podría anticipar una crisis sistémica en el sector salud, además de un impacto en el sector financiero, considerando las obligaciones que esta industria mantiene con proveedores y entidades financieras.

La ministra de Salud ha declarado que ya se encuentran trabajando en propuestas para fortalecer Fonasa ante la eventualidad de lo que pueda ocurrir con las Isapres. No se han entregado detalles respecto de los contenidos de dichas propuestas, pero llama la atención que a estas alturas se siga con declaraciones más bien genéricas, cuando lo que la ciudadanía espera son definiciones mucho más concretas. Desde luego, son más de tres millones de personas -entre titulares y sus cargas- las que hoy se encuentran afiliadas a las Isapres, hay cientos de miles de tratamientos en curso o que están programados en el corto o mediano plazo, y considerando las abultadas listas de espera que ya presenta el sistema público, no parece realista que esta carga pueda ser absorbida sin afectar aún más al sistema.

Un reciente fallo de la Corte Suprema, que obliga al sistema de Isapres a atenerse a una sola tabla de factores definida por la Superintendencia y a devolver a los usuarios todo aquello que se haya pagado en exceso en los últimos años si los nuevos cálculos determinan diferencias en favor de ellos, supone una complejidad adicional para el sistema, cuyo impacto dependerá de la forma como la Superintendencia aterrice estas nuevas directrices. Todos estos antecedentes ilustran que frente al cuadro que se podría generar se requeriría que a estas alturas la autoridad fuese capaz de brindar al país un plan que asegure que no habrá un colapso de las aseguradoras privadas, pero es lo que de momento no se observa.

Algunas voces expertas han hecho ver que dentro del gobierno existen “dos almas” para enfrentar la situación de las Isapres, donde una de ellas vería con cierto beneplácito la crisis del sector, pues con ello se produciría la muerte natural de un sistema que buscan terminar. Otra, en cambio, es consciente del grave problema que implicaría el abrupto término del sistema sin tener una alternativa de reemplazo. Sería particularmente preocupante que la pugna de estas “dos almas” fuera la que mantiene al gobierno en una cierta inacción, y una forma de desmentirlo sería conocer precisamente si la autoridad contempla medidas para estabilizar el sistema y evitar un eventual colapso, hasta que existan definiciones de más largo plazo sobre cuál será el sistema de salud que regirá en el país.

No es evidente que la mayor parte de la ciudadanía prefiera un único sistema estructurado en torno al Estado -la última encuesta CEP reveló que la mayoría sigue prefiriendo que exista un sistema mixto para administrar las cotizaciones-, y es evidente que en tanto se sigan retrasando medidas que estabilicen el sistema el costo lo terminan pagando los usuarios, ya sea por el término de convenios o ante la incertidumbre de no saber a qué atenerse, lo que afecta su derecho a la salud.