Demandas al Estado por rentas vitalicias

La reforma constitucional que permitió el tercer retiro de fondos previsionales ha traído secuelas mucho más profundas que los rescates anteriores, puesto que en esta ocasión se incluyó además a los pensionados por rentas vitalicias, obligando a las compañías de seguros a “adelantar” pagos por concepto de rentas vitalicias con recursos propios. Puesto que ello afecta el derecho de propiedad e impone pérdidas patrimoniales a las compañías, se trata entonces de un abierto acto expropiatorio, lo que ya ha generado acciones judiciales de algunas aseguradoras -los primeros recursos de protección fueron rechazados en la Corte de Apelaciones, de los que conocerá ahora la Corte Suprema- así como la activación de procedimientos de consulta ante el Estado en el marco de lo que disponen los tratados de libre comercio.

Esta judicialización ha complicado de sobremanera al gobierno, que se ha visto atrapado en sus propias indefiniciones. El Ejecutivo tenía plena conciencia de la inconstitucionalidad cometida con las rentas vitalicias, y es así como incluyó este punto en su fallido requerimiento ante el Tribunal Constitucional para frenar el tercer retiro. Conforme su propia argumentación, ante la falta de compensación, el proyecto impone “un sacrificio patrimonial a las compañías aseguradoras que administran estos seguros, injustificado y discriminatorio”.

A pesar de la manifiesta inconstitucionalidad, el gobierno se vio obligado a promulgar tal cual la reforma, presionado incluso por su propia coalición, que ante el alto costo político que había implicado la tardanza en llegar con ayudas más efectivas para la población, no dio margen al Ejecutivo para ejercer un veto, sin perjuicio de que se echa en falta que el Ejecutivo no haya sido más activo para insistir que cuando menos lo relativo a las rentas vitalicias debería haber sido evitado, por los graves precedentes que ello implica. Tampoco se vieron esfuerzos por buscar algún tipo de compensación ahora o en el futuro, tal de evitar al Estado los costos de una judicialización y restablecer el principio constitucional que antes se había buscado preservar.

Conocidas las acciones judiciales, el ministro de Economía inicialmente ratificó que se trata de una expropiación, postura que rápidamente fue abandonada por el propio Ejecutivo, pues el canciller precisó que el gobierno ahora se abocaría a defender los intereses del Estado, dejando la impresión de que ya no existen más alternativas para discutir. Fruto de estas imprevisiones, ahora el Ejecutivo se ve obligado a defender un caso que no comparte, pero que sin embargo a la luz de su presentación ante el TC y por los dichos de algunos de sus ministros, terminó entregando todos los argumentos a la contraparte, los que desde luego han sido invocados por las compañías de seguros en sus presentaciones judiciales.

Es evidente que este caso no solo resiente aún más la ya dañada imagen del gobierno, sino que deja como resultado que el país ahora se puede ver expuesto a pagar altos costos producto de un mal manejo por parte del propio Ejecutivo, sin que quede claro si habrá intentos por restablecer el orden constitucional.