Denuncia de irregularidades en el TC

La entrevista que concedió la presidenta del Tribunal Constitucional (TC) a este medio ha generado amplio revuelo, especialmente al interior del propio tribunal, al hacer públicas graves situaciones en la operación de la institución. Entre otros aspectos, la magistrada hizo ver la práctica de dilatar la resolución de causas por un prolongado período de tiempo -especialmente en aquellas relacionadas con derechos humanos-, lo que a su juicio estaría “al límite de la corrupción,”; ello habría dado pie para el surgimiento de una maquinaria utilizada por abogados para cobrar según el tiempo que se dilatara un asunto en el TC. Los dichos de la presidenta motivaron que la Fiscalía abriera una investigación por presuntos delitos de cohecho y prevaricación.

Como era esperable, estas aseveraciones han provocado fuertes cruces al interior del propio tribunal, dejando entrever una relación profundamente fracturada entre algunos de los ministros, no faltando aquellos que incluso han señalado que el prestigio del tribunal se ha visto irremediablemente dañado. Es evidente que una polémica de tal intensidad desconcierta -desde luego se trata de una situación muy inusual, en especial en una institución como ésta, que en general se ha caracterizado por su sobriedad-, pero aun así es valioso que en beneficio de la transparencia las situaciones que aquejan a entidades fundamentales de nuestra institucionalidad sean conocidas por la opinión pública y exista la posibilidad de escrutarlas para así despejar suspicacias.

Es evidente que los hechos planteados por la presidenta del tribunal son graves y deben ser investigados en profundidad, en especial cuando ella misma ha deslizado la posibilidad de que pudieran existir prácticas asociadas a la corrupción. Será en la instancia investigativa la sede para demostrar si estas denuncias cuentan con un respaldo sólido, así como para despejar cualquier otra irregularidad de la que se tomara conocimiento. Es una buena señal, en todo caso, que el anterior presidente del tribunal -quien continúa como ministro- haya declarado públicamente que renunciará a cualquier fuero y que se haya mostrado disponible para colaborar en todo lo que sea necesario con la justicia, sin perjuicio de haber negado tajantemente cualquier responsabilidad en hechos ilícitos.

Por la importancia que tiene este tribunal para la institucionalidad -encargado, entre otros, de resolver las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia, que no correspondan al Senado, así como de velar por la constitucionalidad de las leyes que nos rigen- es fundamental que no se entrampe en agrias discusiones, sino que se busque prontamente superar aquellos aspectos que dañan su reputación. Tanto la actual presidenta como su antecesor han concordado en la importancia de que la vista de las causas más sensibles se agilicen -para lo cual se han adoptado una serie de medidas que parecen estar corrigiendo esta situación-, y exista la voluntad de extirpar posibles malas prácticas, todo lo cual va en la línea correcta para ayudar a su buen funcionamiento.