Denuncias de intencionalidad en incendios de La Araucanía

La temporada de incendios ha sido especialmente cruenta en la Región de La Araucanía, zona que ha enfrentado peligrosos focos -poniendo en riesgo a numerosas localidades-, lo que incluso motivó la dictación del toque de queda. En medio de la emergencia, sorprendió que la ministra del Interior no solo planteara la hipótesis de una posible intencionalidad en muchos de estos casos, sino que fue más allá al señalar que es altamente probable que al menos “una parte de dicha intencionalidad esté ligada a reivindicaciones territoriales”.

Sus dichos han generado revuelo, porque es evidente que de confirmarse que en los incendios no solo ha habido casos de negligencia, sino la acción deliberada de personas o grupos que persiguen reivindicaciones políticas, ello plantearía derechamente la hipótesis de actos terroristas y supondría una grave amenaza a la seguridad nacional. Sin embargo, los dichos de la ministra no han encontrado hasta aquí mayor sustento. Por de pronto, la Fiscalía de La Araucanía ha sido especialmente cauta, pues sin descartar de plano la hipótesis de la ministra, se hizo ver que de momento no se manejan antecedentes que permitan señalar que los incendios están vinculados con organizaciones o con personas que reivindican algún tipo de derecho o que realizan esta acción como una manera de reivindicar su lucha. Igualmente prudente fue el jefe de la Defensa Nacional en La Araucanía, quien señaló que en los patrullajes que han efectuado no se han encontrado pruebas de la intencionalidad. La delicada hipótesis sugerida por la ministra del Interior tampoco encontró eco en el gobernador regional.

Aunque la ministra posteriormente ha tratado de bajar la intensidad de sus dichos, señalando que en todos estos casos se debe investigar y sancionar, en lugar de estar polemizando en base a hipótesis, lo cierto es que fue la propia autoridad la que relevó la hipótesis de la intencionalidad asociada a reivindicaciones territoriales, y considerando las graves implicancias que ello conlleva, es al Ministerio del Interior al que cabe profundizar sobre los antecedentes en que ha sustentado dichas afirmaciones, antes que simplemente limitarse a ser un mero comentarista de la realidad.

La Araucanía es una zona que ha estado durante largos años bajo el constante ataque de grupos radicalizados, lo que se ha traducido en un sinfín de atentados incendiarios en contra de instalaciones de empresas forestales, iglesias, colegios y predios de agricultores, verificándose además múltiples atentados con disparos que han dejado numerosos heridos o víctimas fatales. La región, al igual que las provincias de Arauco y Biobío, se encuentran ininterrumpidamente bajo estado de excepción constitucional desde mayo de 2022, con vigilancia militar, por lo que efectivamente se vive allí una situación de constante peligro; que ello pueda tener lugar en zonas bajo protección especial del Estado exige con mayor razón contar con prontas clarificaciones acerca del origen de los siniestros. Las cifras de la Conaf indican que en la temporada de incendios forestales 2024-2025 La Araucanía es por lejos la región del país que ha sido más golpeada, con unas 26.600 hectáreas afectadas, a mucha distancia de O’Higgins, con casi 5 mil, segunda en el ranking, lo que de suyo abre una serie de interrogantes.

Las estadísticas muestran que en la mayor parte de los incendios forestales hay intervención humana, donde la intencionalidad lamentablemente es un factor de cierta habitualidad y que parece ir en alza. Si es que además hay evidencia de que en La Araucanía la intencionalidad tiene motivaciones que buscan el amedrentamiento y desafiar abiertamente al Estado, lo que se espera por parte de la autoridad es una respuesta urgente y acorde con la gravedad de dicha amenaza, pero si en definitiva solo hay meras conjeturas se arriesga la pérdida de credibilidad de las propias autoridades.