Desactivar la violencia en La Araucanía

La Araucanía volvió a ser sacudida por un grave atentado incendiario, esta vez en Traiguén, en la localidad de Añiñir, donde un grupo de individuos rociaron con combustible la posta rural, la escuela básica, la sede social y la iglesia. Los vándalos incluso quemaron autos y efectuaron disparos. Se trata de un hecho que ha generado un amplio repudio, y que la propia ministra del Interior calificó que tenía características terroristas, “incluso con la legislación actual”.

Producto de estos hechos, el Ministerio del Interior señaló que a la brevedad posible se espera instalar una base militar en Traiguén, en tanto que también se acondicionarán otras que se ubican en las comunas de Lumaco y Victoria. Asimismo, el plan es reforzar el equipamiento con la llegada de nuevos vehículos blindados.

La decisión que ha comunicado el gobierno es una señal bienvenida en el contexto actual, donde los hechos de violencia, especialmente los atentados incendiarios, se han multiplicado en el último tiempo, además de tornarse cada vez más violentos. La señal que de algún modo se intenta transmitir es que no solo hay voluntad por parte del Ejecutivo de mantener la presencia militar, sino también de incrementarla, con miras a darle más efectividad al estado de excepción constitucional de emergencia. Este se encuentra rigiendo desde mediados de mayo del año pasado, permitiendo el despliegue de personal de las Fuerzas Armadas.

Con todo, resulta evidente a estas alturas que si bien la presencia de militares ha jugado un papel muy relevante para ayudar a contener la violencia -algo que las autoridades locales y la comunidad valoran especialmente-, ya es un hecho que la medida por sí misma no es capaz de contener eficazmente el accionar de estos grupos terroristas, lo que es indicativo de que se requieren nuevas y más exigentes medidas para asegurar el restablecimiento del orden público. Frente al temor y la impotencia que representan estos actos recurrentes de violencia, las voces que piden la aplicación del estado de sitio se multiplican, y si bien ninguna medida podría descartarse a estas alturas, es fundamental reforzar acciones que apunten efectivamente al fondo del problema, cual es desactivar a estos peligrosos grupos.

Hoy se debería discutir en el Congreso una nueva prórroga del estado de emergencia -la vigesimonovena-, y hay reticencias en sectores de la oposición a dar su voto favorable, como una forma de presionar al Ejecutivo ante la falta de aplicación de medidas más enérgicas. La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío no pueden prescindir por ahora del apoyo militar, pero naturalizar indefinidamente el estado de excepción tampoco es la solución.

Por ello sería bienvenido que las autoridades, cuando comparezcan ante el Congreso, pudieran entregar algún plan con medidas mucho más concretas, que vaya más allá de la presencia militar, donde entre otros aspectos resulta fundamental que las policías sean reforzadas fuertemente, lo mismo que la acción de la Fiscalía. En esto también es imprescindible que la autoridad evite enviar señales equívocas y que no ayudan en la tarea de reforzar el Estado de Derecho, como ha ocurrido con la toma de la municipalidad de Ercilla, la que a pesar de llevar varios días en toma, recién fue desalojada ayer.