Desafíos de Chile: 30 años de democracia

Tras el retorno a la democracia y la profundización de las reformas iniciadas en Chile en los años setenta y ochenta, el país experimentó tres décadas de constante progreso y estabilidad política. El crecimiento económico y las políticas sociales que posibilitó disminuyeron dramáticamente la pobreza y Chile, mientras mejoraba sus indicadores de igualdad, llegó a tener el más alto ingreso per cápita en América Latina y calificó (según el PNUD) como el tercer país del continente con un nivel de desarrollo humano “Muy Alto”, junto a Estados Unidos y Canadá. Un proceso sustentado, además, en amplios consensos y en un valioso espíritu de acuerdos.

Las dificultades políticas en este período estuvieron estrechamente vinculadas a episodios de mal desempeño económico. La “crisis asiática” puso en duda la continuidad de la Concertación y Ricardo Lagos fue elegido Presidente por un margen muy estrecho. La crisis “subprime” en 2008, mucho más grave, llevó al fin de la Concertación y el acceso de la centroderecha al poder.

Hoy, cuando la institucionalidad política, económica y social del país, está amenazada, el origen de la disconformidad social vuelve a estar en una economía que frustra las expectativas de la población. Tras cuatro años de bajo crecimiento en el segundo gobierno de Bachelet, hacia mediados de 2019, todo indicaba que ese desempeño pobre continuaría. A ello se agregó el efecto de absorber un fuerte contingente de inmigrantes en un período muy breve de tiempo, para restringir fuertemente las posibilidades percibidas por los chilenos y crear la expectativa de un necesario ajuste severo en sus aspiraciones. Efectivamente, de continuar el bajo crecimiento, los planes de gasto puestos en marcha cuando el horizonte era de crecimiento a buen ritmo se hacían impracticables y, particularmente para la juventud, solo cupo abocarse a reducir deudas y ajustar el consumo. En este contexto vino la protesta social, que relevó las múltiples carencias que se exacerban en tiempos de crisis económica.

Resulta evidente que en los últimos 30 años, la autocomplacencia, en un país que progresaba aceleradamente, llevó a una gestión del Estado laxa. El 30% de los funcionarios públicos atribuye hoy su contratación a gestiones de familiares y políticos, mientras el 40% reconoce no tener la capacitación requerida en sus funciones. Colusiones, depredación ambiental o contratos abusivos de empresas, no fueron regulados oportuna y adecuadamente por el Estado ni sancionados éticamente por la élite empresarial y política. Estos vicios de gestión son presentados hoy como inherentes al “modelo” por quienes buscan desmantelarlo.

A 30 años de un retorno exitoso del país a la democracia, la institucionalidad chilena enfrenta un desafío mayor. Se espera de quienes detentan la representación de la sociedad libre la habilidad para sortear las dificultades sin comprometer las instituciones claves para la democracia, el crecimiento y la capacidad de avanzar en equidad, lo que supone combatir los diagnósticos falaces que se han fortalecido en la crisis, y que no son capaces de explicar los éxitos de Chile en las últimas tres décadas.