“Desaparición” de las Isapres en la seguridad social

El director de Fonasa, refiriéndose acerca de las orientaciones de la reforma a la salud que prepara el gobierno, no dejó ninguna duda respecto del destino que espera a las Isapres bajo el nuevo esquema: “La idea es que las Isapres desaparezcan del mapa de la seguridad social”, dejando en claro que solo podrán participar como tales en el mundo de los seguros complementarios. Explicó que la actual cotización obligatoria del 7% para salud será destinada íntegramente a un fondo universal, mediante el cual se financiará un sistema universal de salud.

Las declaraciones de la autoridad ocurren en momentos en que el sistema de Isapres atraviesa por una compleja situación financiera. Las aseguradoras registran importantes pérdidas, y a través de su gremio han advertido que la posibilidad de que algunas de estas puedan entrar en insolvencia es cada vez mayor -no descartan que eso pueda ocurrir en apenas algunos meses-, teniendo que recurrir al financiamiento de sus propios controladores para mantenerse en pie. Se han encendido por lo mismo luces de alerta, considerando que la deuda que las Isapres mantienen con las clínicas supera los US$ 540 millones, a lo que también hay que agregar lo que adeuda Fonasa.

Las Isapres han hecho ver que entre los aspectos más complejos figura la imposibilidad de reajustar el precio base de los planes, cuyo valor ha estado congelado desde 2019, producto de la pandemia. Pese a que la Superintendencia determinó que las aseguradoras podrán aumentar el valor de los planes en hasta 7,6%, los recursos judiciales presentados por los afiliados y las reclamaciones falladas a favor de los afiliados por la propia Superintendencia -aduciendo que las Isapres no han justificado adecuadamente el por qué deben reajustar los planes en el máximo permitido- han hecho que el reajuste aparezca como algo incierto.

Más allá de la negativa visión que el actual gobierno tenga respecto de las Isapres, y de su voluntad de que “desaparezcan del mapa de la seguridad social”, lo cierto es que en el actual sistema de salud éstas juegan un rol estructural, no solo porque sus afiliados superan los tres millones, sino porque una parte importante de las clínicas dependen parcial o sustancialmente de los pacientes afiliados a las Isapres, que en algunos casos representan más del 90% de sus ingresos. De allí que una abrupta desaparición de estas entidades sin que exista un diseño alternativo y bien pensando podría generar importantes efectos sistémicos, de los que la autoridad por lo visto no se está haciendo cargo, lo que resulta profundamente irresponsable.

Por de pronto, diversos estudios han alertado que una llegada masiva de afiliados del sistema privado al Fonasa tornaría aún más crítica la situación de listas de espera en cirugías, atenciones de especialistas o en garantías GES. Bajo un esquema donde la cotización obligatoria será centralizada por el Estado, no hay claridad si los actuales afiliados a Isapres podrán seguir accediendo a los prestadores de su preferencia, aun recurriendo a seguros complementarios, y si bien las clínicas seguirán existiendo, no cabe descartar que el Estado migre hacia esquemas de fijación de precios -tal como ocurrió con la pandemia y las camas UCI-, lo que abre interrogantes acerca de si se podrá mantener el ritmo de inversiones en el sistema privado. A la luz de lo anterior no cabe tratar un asunto de tantas implicancias con eslóganes o fórmulas simplistas.