Desbordamiento de la inmigración ilegal

Fue notorio el cambio de tono del Presidente de la República para referirse a la inmigración ilegal. Con motivo de un procedimiento policial en Puerto Montt, donde resultaron varios carabineros lesionados a manos de extranjeros, el Mandatario instruyó iniciar un proceso de expulsión. Asimismo, y en relación con las personas que no han regularizado su situación migratoria en el país, dijo que “o se regularizan, o se van”.

La inmigración ilegal se ha tornado un asunto crítico, que requiere medidas urgentes de corrección. Las cifras en ese sentido son poco alentadoras, toda vez que las denuncias por ingresos a través de pasos no habilitados suman más de 38 mil entre enero y agosto, una tendencia que de mantenerse fácilmente podría llevar a que se igualen -o incluso superar- el récord de 56 mil registrados en 2021. A pesar de que el actual oficialismo reprochó fuertemente a la administración anterior haber incumplido sus compromisos en materia de inmigración ilegal, todo indica que el gobierno también incurrirá en la misma falta.

Las cifras están mostrando que el país exhibe serias dificultades para el adecuado control de sus fronteras, especialmente en la zona norte, lo cual está produciendo una serie de trastornos sociales, así como de orden público, lo cual está deteriorando gravemente la calidad de vida en dichas zonas, con el consecuente malestar ciudadano. Aun cuando el número de extranjeros que han sido condenados sigue siendo un número reducido en relación con el total de la población penal, el porcentaje ha escalado en los últimos años hasta representar en torno al 10%, lo que es especialmente notorio en recintos carcelarios del extremo norte. Esto hace que no se pueda seguir eludiendo lo imperioso que resulta un mejor control de las fronteras, y asegurar que quienes ingresen al país no tengan graves antecedentes penales en sus países de origen.

A esta debilidad se suman las dificultades administrativas y judiciales para expulsar del país a quienes hayan ingresado de forma irregular y no hayan regularizado su situación, lo que se ha traducido en que apenas un puñado de personas ha logrado ser expulsada en lo que va de este año. Esto a pesar de que en 2021 se dictó una nueva ley de migraciones, que pese a disponer de una serie de alternativas para estos efectos, en los hechos ha sido inútil.

Una de las dificultades que se ha identificado es que para iniciar un procedimiento de expulsión se contempla la obligación de contar a lo menos con dos notificaciones presenciales, lo cual ha podido ser burlado producto de los cambios de domicilios. Para estos efectos el gobierno ingresó al Senado un proyecto de ley para permitir que la primera notificación pueda ser a través de carta o correo electrónico. Asimismo, otro proyecto del Ejecutivo, esta vez en la Cámara de Diputados, busca que extranjeros condenados por Ley de Drogas, y en la medida que sus condenas no superen los cinco años, puedan optar por sustituir esta pena por el abandono del país, una medida que sobre todo apunta a reducir el hacinamiento carcelario.

El nuevo tono del Mandatario debe traducirse en que la ley se haga cumplir sin reservas, de modo que quienes no cumplan con la normativa sean expulsados, así como reforzar estrictamente el control de fronteras. Pensar en nuevos procesos de regularización extraordinaria, como las que hubo en 2007 o 2021, o bien en soluciones legislativas que solo apunten a hacerse cargos de los efectos del problema, solo serán paliativos y no corregirán el fondo de esta crisis.